Estados Unidos está «preocupado» porque activista venezolano detenido es acusado de traición
Estados Unidos dijo el martes que estaba «profundamente preocupado» por la detención de un activista de derechos humanos en Venezuela acusado de participar en un presunto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
La abogada hispanovenezolana y crítica del gobierno Rocío San Miguel, de 57 años, fue detenida el viernes en la zona de migraciones de un aeropuerto de la capital Caracas.
Su detención se produce en un año electoral crucial en el que Maduro ya ha bloqueado a su principal rival de la oposición, lo que llevó a Estados Unidos a amenazar con volver a imponer sanciones petroleras recientemente aliviadas.
La defensa de San Miguel dijo que ella había sido arrestada en una «desaparición forzada» junto a su exmarido, mientras que su hija, sus dos hermanos y su padre habían sido detenidos y luego liberados.
El fiscal general Tarek William Saab escribió el lunes en X que San Miguel fue acusado de «los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
Su exmarido, el soldado retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, está detenido por presuntamente revelar «secretos políticos y militares relativos a la seguridad de la nación», añadió Saab.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió que la administración del presidente Joe Biden estaba «profundamente preocupada» y observaba la situación «muy, muy de cerca».
Dijo que Maduro «necesita cumplir los compromisos que asumió… sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición».
La portavoz de la UE, Nabila Massrali, pidió la liberación inmediata de San Miguel.
Pero Saab criticó una «campaña feroz desde el exterior contra el sistema de justicia y el Estado venezolano».
'Plan para silenciar a los críticos'
El gobierno de Maduro y la oposición llegaron a un acuerdo en Barbados para celebrar una votación libre y justa en 2024 con observadores internacionales presentes, lo que llevó a Estados Unidos a aliviar las sanciones.
Sin embargo, la Corte Suprema, leal a Maduro, confirmó recientemente una prohibición de 15 años contra la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, lo que llevó a Washington a volver a imponer algunas sanciones.
La misión independiente de investigación de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela denunció los arrestos como parte de una «ola de represión contra los opositores».
«Estos no son incidentes aislados, sino más bien una serie de eventos que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los supuestos opositores», dijo Marta Valinas, presidenta de la misión, en un comunicado.
Las detenciones se producen después de que las autoridades venezolanas dijeran en enero que habían descubierto cinco complots para asesinar a Maduro, que implicaban a activistas de derechos humanos, periodistas y soldados.
Maduro denuncia con frecuencia planes para derrocarlo, generalmente con la supuesta participación de Estados Unidos y la oposición.
Saab dijo que San Miguel y su exmarido estaban entre los seis ciudadanos presuntamente involucrados en la conspiración del «Pulsera Blanca». No estaba claro si los otros acusados eran miembros de la familia de San Miguel.
La «Pulsera Blanca» es descrita por el gobierno como un plan para atacar una base militar en Tachera, en la frontera con Colombia, como parte del presunto complot para asesinar a Maduro.
San Miguel dirige la organización no gubernamental Control Ciudadano, que investiga cuestiones militares y de seguridad, como el número de ciudadanos asesinados por las fuerzas de seguridad.
En 2018 ganó un caso contra Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos políticos y la libertad de expresión.
El caso estaba relacionado con su despido en 2003 de una entidad estatal después de que ella respaldara un llamado a un referéndum para destituir al entonces presidente Hugo Chávez de su cargo.
La ONG Foro Penal, que ofrece asistencia jurídica gratuita, afirma que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos 18 mujeres y 146 militares.
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por Margioni Bermúdez, AFP
