Grupo de derechos humanos CELS propone 'Pacto de Marcha' para proteger la democracia
A días del día nacional más aleccionador del país en memoria de las víctimas de la dictadura militar de 1976-1983, uno de los principales grupos de derechos humanos de Argentina ha pedido la implementación de un nuevo pacto entre partidos para defender los derechos humanos.
En vísperas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra cada 24 de marzo, las autoridades del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS) han advertido que hay que proteger los derechos humanos.
En un comunicado, el CELS destacó cómo los derechos humanos fueron pisoteados durante el sangriento reinado de terror de la dictadura militar y llamó a los líderes políticos a aceptar un nuevo 'Pacto de Marzo'.
La iniciativa sigue el modelo del llamado del presidente Javier Milei a un 'Pacto de 25 de Mayo' con base fiscal, que establece 10 puntos que quiere hacer cumplir como principios fundacionales de la nación, incluida la importancia de un Estado austero, la defensa del sector privado y reforma política.
El CELS, sin embargo, dice que el pacto del presidente carece de reglas básicas para la defensa de la democracia.
“El pasado siempre está sujeto a controversias y visiones divergentes sobre lo sucedido, matices, desacuerdos sobre la forma en que otros han tenido que procesarlo. A partir de diciembre de 1983, estas diferencias se plasmaron en un pacto básico y fundamental: elegimos la democracia, elegimos el derecho a la organización, a la disidencia, a hacer oír nuestra voz, elegimos no querer ir a una manifestación en la calle por miedo a represalias. «Elegimos a las Fuerzas Armadas fuera de las instituciones civiles», se lee en un comunicado de la ONG.
“En este 24 [of March]elegimos el Pacto de Marzo”, declara.
Entre los 10 principios contenidos en la lista del CELS se encuentran la condena a los oficiales por sus crímenes, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, la apertura de los archivos estatales y la garantía de la educación básica para todos.
El CELS dijo que las conmemoraciones de este año, el 24 de marzo, se llevarán a cabo en “un contexto sin precedentes”, a 48 años del golpe militar que llevó a la junta al poder.
“En cada aniversario del golpe de 1976 marchamos para ratificar que compartimos tanto el rechazo a la dictadura militar como su plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, como acuerdos básicos para la vida en democracia”, continúa el comunicado.
“Este 24 de marzo se cumple el 48º aniversario en un contexto inédito que plantea el desafío de tener que renunciar a este pacto esencial”, concluye.
El CELS, fundado en 1979 durante la dictadura, destacó el contexto hostil del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de este año. Acusó al “presidente Javier Milei y a las principales autoridades del país” de dar voz a “formas de negacionismo y relativismo del terrorismo de Estado”.
“Hemos visto homenajes en cuarteles militares a oficiales sentenciados por crímenes de lesa humanidad con el aval de las autoridades políticas. Estos mensajes, que posibilitan la violencia y la crueldad de Estado, son corrosivos para la sociedad y plantean muchos interrogantes sobre la formación democrática de los jóvenes que inician su carrera militar”, advirtió la ONG.
El CELS expresó preocupación por la llegada de miembros de las Fuerzas Armadas a puestos políticos claves, diciendo que “el avance militar sobre áreas civiles de gobierno es significativo”. Denunció que “militares retirados ocupan múltiples cargos políticos, que a lo largo de estos 40 años de democracia fueron ocupados por civiles”.
Precisó que “en algunos casos”, estas funciones son una amenaza contra la delimitación entre defensa nacional y seguridad nacional, toda vez que el gobierno ha colocado personal militar en funciones de inteligencia nacional o de prevención del delito”.
El CELS ha advertido que hay “funcionarios y legisladores” que son civiles, pero que “se reconocen miembros de 'la gran familia militar' y representan esos intereses”, comentarios que muchos interpretaron como dirigidos a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
También advirtió que el gobierno se encamina hacia “una militarización de la política de seguridad” dado el “grave crecimiento de la violencia relacionada con las drogas”.
“Con todo, asistimos a un retorno de sectores militares a la vida política argentina, participación que había sido limitada según lo acordado entre los sucesivos gobiernos y gran parte de las Fuerzas Armadas”, se lee en un comunicado.
El informe también advierte contra la reintroducción de discursos de funcionarios públicos que cuestionan las políticas estatales en materia de memoria, verdad y justicia.
“El discurso oficial retoma y aporta un nuevo significado a los valores rectores de la dictadura: ruptura de los vínculos sociales, organización y movilización, represión de la disidencia, derechos humanos, protección del Estado, cambio de régimen económico.
“También se está extendiendo la idea de que es necesario conceder derechos e institucionalidad democrática para que alguien pueda poner orden”, afirmó la organización.
