Cómo se revelaron los mayores terratenientes de Argentina y sus secretos

El reciente intento del presidente Javier Milei de derogar la legislación actual y eliminar el límite del 15 por ciento a la propiedad extranjera de tierras ha reavivado el debate en Argentina. Dentro de ese marco, Perfil ha elaborado una lista de los 20 mayores terratenientes que poseen más de 100.000 hectáreas de territorio nacional.

La lista la encabeza la petrolera High Luck Group, financiada por capital chino, a la que se le han arrendado 1,14 millones de hectáreas. Le siguen las 920.000 hectáreas que posee la Compañía de Tierras del Sud, del grupo italiano Benetton.

Tocando campos de la pampa fértil, amplios paisajes nacionales, vastas zonas mineras y más, la lista continúa hasta cerrar con las poco más de 105.000 hectáreas que posee la Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekián.

Armando la lista

A las 9 de la mañana del 7 de septiembre de 2022, este reportero se dirigía a San Isidro. Los trenes que se dirigían a Retiro iban abarrotados, pero no tanto en sentido contrario. No fue difícil encontrar un asiento para reflexionar sobre la información recopilada la semana anterior: en pocos minutos este periódico estaría conversando con el dueño de 170.000 hectáreas de territorio nacional, una extensión de terreno alrededor de 8,5 veces mayor que la capital de la nación. , Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Rostagno es un abogado que divide su tiempo entre el conurbano norte de aquí y la provincia de Mendoza, donde se encuentran sus campos. No fue difícil localizarlo: en la zona de Malargüe es una personalidad muy conocida y no tardó en establecer contacto directo. Estas personas pueden ser un pequeño o mediano empresario, un contable o un vendedor de periódicos, pero en última instancia son terratenientes.

Rostagno es propietario de El Palauco, un campo de 170.000 hectáreas que lo sitúa en la lista de propietarios publicada por Perfil. El objetivo de esa reunión era comprobar la información previamente adquirida sobre ese terreno, especialmente el número de hectáreas. Los datos de la prensa, los documentales y el sector inmobiliario apuntaban a al menos 150.000 hectáreas.

Al inicio de esa conversación, Rostagno no tardó en referirse a ese terreno en forma de ilusión: «Me gustaría cambiar ese campo mendocino por 1.000 hectáreas en La Pampa porque allí todo está más ordenado».

Este periódico le pidió que profundizara más. Su respuesta plantea con fuerza una cuestión que impregna el debate sobre la tierra, a saber, los reclamos de las comunidades indígenas sobre su propiedad ancestral que, en su mayor parte, se ejerce a lo largo de los Andes. Los recortes de prensa en Internet reflejan una serie de conflictos protagonizados por denuncias de ocupaciones ilegales y los consiguientes desalojos.

La explicación de Rostagno destacó a los «pueblos pseudoindígenas».

«Todo el conflicto comenzó en 2004, cuando unas furgonetas nuevas circularon por los campos instando a los inquilinos a hacerse pasar por indígenas y dejar de pagar el alquiler. A partir de entonces, muchos hicieron precisamente eso, a pesar de que había contratos de alquiler en vigor. Nosotros lo tomamos a la corte y obtuvo un [favourable] sentencia pero no se podía aplicar contra los pueblos indígenas», dijo el abogado Perfil.

A esa respuesta cabe agregar otra que reaparecería una y otra vez en futuras entrevistas con administradores o propietarios de propiedades a lo largo de los Andes: las dificultades geográficas para definir los límites de campos de tal tamaño que atraviesan varias carreteras provinciales y nacionales.

La respuesta de Rostagno también puso de relieve otra duda. A diferencia de la mayoría de los casos relevados, El Palauco fue uno de los pocos no vinculados a una empresa agroindustrial o minera. No hubo información sobre el uso que se le dio al suelo ni la historia de esas estribaciones de los Andes repletas de ríos y arroyos. Su propietario, sin embargo, no tardó en explicar que no fueron explotados en su totalidad. Muchas parcelas son arrendadas a campesinos de la zona y se dedican a pequeñas explotaciones o ganadería.

Según Rostagno, la razón por la cual El Palauco ha quedado como condominio indiviso fue la imposibilidad legal de redistribuir las fracciones que le correspondían a él y a los otros dos socios que formaban El Palauco SA. En cuanto al origen del terreno, detalló que había sido comprado por el bisabuelo de uno de sus ex socios en una subasta estatal en 1912.

Durante la conversación, Rostagno no dudó en confirmar la cifra concreta Perfil había venido a buscar.

«Más o menos 170.000 hectáreas», afirmó. Mencionó también un detalle que no se había mencionado anteriormente: en 2009 se donaron 103 hectáreas para una base de la Agencia Espacial Europea, en la que se instaló una enorme antena parabólica que transmite datos y realiza misiones de exploración y experimentos científicos.

Seleccionando casos

La reunión con Rostagno fue sólo una de decenas de citas, llamadas telefónicas, videoconferencias y correos electrónicos intercambiados con propietarios inmobiliarios, agencias inmobiliarias, oficinas gubernamentales nacionales y provinciales y representantes de diferentes empresas.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre. Una vez planteada la idea, se pretendía comprobar las cifras principales, el número de hectáreas, obteniendo al mismo tiempo información básica de interés sobre los propietarios, los usos del suelo y su lugar geográfica, señalando las particularidades de cada caso. El parámetro de selección fue la posesión de más de 100.000 hectáreas, ya fueran de propiedad directa o arrendadas temporalmente, por propietarios tanto locales como extranjeros.

En ese momento, Javier Milei era un diputado todavía muy lejos de ganar cualquier elección presidencial y mucho menos de firmar cualquier decreto de emergencia desregulador masivo, incluida la derogación de la ley de tierras estratégicas que, tras su aprobación en 2011, buscaba limitar la propiedad extranjera de tierras. al 15 por ciento de la superficie total del territorio argentino (con el mismo tope aplicado a nivel provincial y departamental mientras se trabaja en equivalencias en términos de productividad de la tierra). Por un lado, la ley puso límites, pero por otro también reconoció que no es lo mismo una hectárea de tierra en Santa Cruz que en la pampa fértil.

La ley creó además el Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de administrar las cuotas de propiedad extranjera. Uno de los primeros pasos de nuestro trabajo fue redactar una solicitud de acceso a la información pública con el objetivo de obtener una respuesta estatal sobre quiénes eran propietarios de campos de más de 100.000 hectáreas pero este instrumento nunca despegó. De forma extraoficial, la oficina a la que se dirigió nuestra solicitud nos notificó rápidamente a través de contactos informales que el acceso a esta información no sería posible por tratarse de datos reservados. La misma respuesta se recibió en sucesivos pedidos de acceso a la información pública enviados a distintas direcciones provinciales en Mendoza, San Juan y La Pampa, entre otras provincias.

Cuando este diario entendió que a nivel oficial no se podía hacer nada, hubo que recurrir a métodos artesanales con una búsqueda caso por caso que, en términos generales, era más fácil con tierras en manos de empresas privadas. La mayoría de ellas consignan esta información en sus sitios web, junto con detalles de lugar y uso, ratificando esta información en informes de gestión y/o sustentabilidad dirigidos al Estado o inversionistas.

Pero como en el caso de El Palauco, en la lista aparecían nombres de firmas con toda apariencia de empresas «fantasma» sin páginas web ni datos sobre sus potenciales propietarios y apenas mencionadas en los archivos de prensa.

Una de ellas fue Estomonte AG, a la que se atribuye en varios artículos la propiedad de 400.000 hectáreas en el medio oeste cuyano. Obtener la cifra exacta demandó meses de revisión de documentos, llamadas telefónicas y correos electrónicos sin respuesta. La respuesta finalmente apareció como una superficie de 404.098 hectáreas dentro de una voluminosa documentación civil presentada en la sala federal de San Juan. La empresa parece ser una sociedad offshore con sede en Suiza, que hace varios años demandó a otra empresa propietaria de un campo vecino por decidir vender un terreno sin resolver previamente una disputa fronteriza. Aquí surge nuevamente el problema de la demarcación de tierras alrededor de los Andes ya que el campo está ubicado en Calingasta, Provincia de San Juan.

Este método se repitió caso por caso, no sólo para los 20 que finalmente aparecieron en la lista impresa sino también para decenas más que fueron descartados por diferentes motivos, ya sea porque no se pudo comprobar la información sobre sus hectáreas o porque los campos fueron divididas y vendidas. Incluso estuvo el caso paradigmático de Lázaro Báez, quien formó parte de un selecto grupo de terratenientes que, a raíz de los procesos judiciales en su contra, vieron sus tierras subastadas o puestas a disposición de jueces federales.

Esta fue la idea detrás de la elaboración de una lista de los 20 mayores terratenientes, generando información que podría resultar una herramienta más que útil para comprender los intereses detrás del recurrente debate sobre la tierra.