Los juicios políticos a miembros de la Corte Suprema de 1947 y 2003 muestran que los cuestionamientos surgen ante intervenciones del máximo tribunal en materia de políticas económicas que condicionan proyectos del Poder Ejecutivo.
Desde su primera integración en 1863, hasta el pedido de Alberto Fernández de esta semana, sólo dos veces se cuestionó por la vía del juicio político a jueces de la Corte.
El primer antecedente se ubica en 1947, primer mandato de Juan Domingo Perón, contra cuatro miembros de la Corte por haberse negado a tomar juramento a jueces de la Justicia del Trabajo y haber nombrado conjueces que respondían a la «oligarquía» y el «capitalismo extranjero», entre otros cargos, como el de haber legitimado el golpe de Estado de 1930 mediante una acordada.
El peronismo incipiente planteó entonces en su pedido de que los magistrados y el procurador resultaban el mayor escollo para el avance de la clase obrera y debían ser destituidos por el Senado.
El pedido logró la mayoría especial en la comisión y luego obtuvo los votos en el recinto para remover a los jueces Francisco Ramos Mejía, Benito Nazar Anchorena, Antonio Sagarna y al procurador Juan Álvarez.
Los otros dos miembros de aquella Corte de cinco, Tomas Caseres y Roberto Repetto, quedaron al margen del proceso: el primero por voluntad política del oficialismo y el segundo por presentar la renuncia antes de que se iniciara el juicio.
La historia se tomaría luego un receso de más de 50 años para plantear un escenario institucional de cuestionamiento a la Corte, también de la mano de un peronista que iniciaba su mandato, Néstor Kirchner.
A diez días de asumir y por cadena nacional, el santacruceño pidió el juicio político a la «mayoría automática» del menemismo residual por ir «contra el mandato popular expresado en las urnas» que quitaba margen de gobernabilidad para superar la crisis económica de 2001.
«No es nuestro deseo contar con una Corte adicta, queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo», sintetizó el entonces presidente para iniciar el proceso de destitución de cinco de los nueve miembros de aquella Corte.
Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’ Connor y Antonio Boggiano fueron llevados a juicio pero sólo los dos últimos enfrentaron el proceso: Nazareno, López y Vázquez prefirieron renunciar, tal como lo había hecho Repetto en el antecedente anterior inmediato.
Moliné O’Connor fue destituido por el Senado en diciembre de 2003 por 45 votos, más de los dos tercios de los presentes requeridos, y dos años después le llegó el turno a Boggiano, también superando con holgura los votos necesarios que marca la Constitución.
Ambos fueron acusados por «mal desempeño» de sus funciones, en particular por un fallo que benefició a la empresa «Meller» en su pedido para que el Estado le pagara un pleito por 400 millones de pesos de la época.
En la llamada «causa Macri», Boggiano fue acusado de «haber obstruido la investigación de un presunto contrabando» cometido por la empresa Sevel -que tenía entre sus titulares a Mauricio Macri- y de «causar perjuicio al Estado alterando una medida de política económica», entre otros 12 cargos más.
Entre aquellos juicios y el pedido formulado por Fernández hay cargos específicos que diferencian los procesos, pero subyacen en los dos antecedentes y el actual pedido de juicio la puja por el control de la política económica.
No de casualidad uno de los principales vectores que expondrá la acusación oficialista en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados será el fallo de la Corte que aumentó el monto de la coparticipación de impuestos que recibe la ciudad de Buenos Aires.
