Uno de los imputados en el juicio que se le sigue a seis profesionales del hospital Borda por «tortura y abandono de persona seguido de muerte» de un paciente de 23 años sostuvo este martes, en la primera audiencia, que la víctima «no estaba sobremedicada» y que la acusación es «un relato que sobrepasa la realidad».
Se trata Roberto Capiello, licenciado en psicología y jefe del servicio 14/22 al momento de los hechos, quien aceptó prestar declaración al inicio del juicio y después respondió todas las preguntas efectuadas por el fiscal general Fernando Kapplenbach y la querella a cargo de Tomás Griffa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La víctima de este primer juicio por torturas dentro de un neuropsiquiátrico ocurridas en democracia es Matías Carbonell, un joven que murió el 12 de noviembre de 2010 después de 24 días de agonía en el Hospital Penna, al que había sido trasladado de urgencia el 19 de octubre del mismo año, totalmente descompensado.
Ante el Tribunal Oral No.14 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el juez Domingo Altieri e integrado por los jueces Gabriel Vega y Gustavo Valle, están seis de los responsables del tratamiento y el cuidado de Matías, quienes están imputados por «tortura, abandono de persona seguido de muerte, ocultamiento de medios de prueba y omisión de denunciar hechos de tortura».
Capiello explicó que Carbonell tenía un régimen de internación abierta, por el que permanecía en el Borda de martes a jueves, mientras que de viernes a lunes estaba en su casa, con su madre.
«Es sumamente difícil que con ese esquema haya podido ser maltratado, o torturado, porque siempre volvió (al hospital) y estaba de acuerdo con el tratamiento. Tampoco hay forma de que un paciente sobremedicado vaya a su casa y después vuelva en tiempo y forma», dijo.
Según relató Capiello, Carbonell «no era peligroso» pero «tenía antecedentes de problemas psiquiátricos desde la niñez» y estaba en situación de consumo problemático de «esteroides, anfetaminas y otras cuestiones relacionadas al fisicoculturismo» que era su pasión, lo mismo que las Fuerzas Armadas, de donde había sido expulsado como aspirante.
Por otro lado, el psicólogo sostuvo que a su criterio Carbonell no debería haber estado internado en el Borda y que el equipo de psicólogos bregaba porque no se le aumentara la medicación como se había solicitado desde la dirección para sosegar las actitudes revoltosas de Carbonell.
«Por la patología que tenía Carbonell, a mi entender como psicólogo no tenía por qué estar internado, porque su tratamiento podía ser ambulatorio, cuestión que yo reflejé en nota al juez de ejecución penal, pidiéndole el alta, pero el juez negó levantar la medida de seguridad», dijo.
Por otro lado, aseguró que «nunca vi en el hospital las lesiones que dice que tenía a su ingreso al Penna».
«Los psicólogos obramos por la palabra, yo atiendo un paciente vestido, no estoy viendo si tiene algo en otro lado, porque no es mi función; pero además yo no puedo ordenarle medicación y en realidad un paciente sobremedicado, no sirve a nadie para atenderlo en un sesión», dijo.
Respecto a los remedios que recibía, dijo que «en ningún momento evidenció ningún síntoma de estar sobremedicado o poco medicado como para poner en riesgo a alguien del equipo», aunque dijo no saber qué fármacos recibía porque no era su función.
«Los psiquiatras suelen medicar de más a pacientes como Carbonell, más por el porte físico que él tenía, pero nosotros los psicólogos le pedíamos que lo tuvieran lo menos medicado posible», dijo.
Por otro lado, dijo que el extravío de la historia clínica podría estar vinculada a que «en 2011 el servicio fue intrusado en varias oportunidades mientras estaba cerrado con faja de clausura» y negó que en el Borda se aplicaran terapias de electroshock, que se «dejaron de usar 10 años antes, como mínimo».
Capiello concluyó en que «hay una ausencia total de realidad en las acusaciones de la querella» y que la causa es un «relato» que no se condice con los hechos.
«Yo entiendo el dolor de una madre pero el paciente se murió en otro hospital, por una causa clínica como es una neumonía espirativa que se infectó en otro hospital. No entiendo un hospital que tiene 24 días internado a un paciente cuando se muere pongan muerte dudosa, cuando está perfectamente explicado en el informe de la morgue por qué murió», dijo.
Además de Capiello, los otros imputados son los psiquiatras Fabián Gustavo Pintow y Silvia Beatriz Scheweitzer; y los enfermeros Hugo Alfredo Dospital, Ismael Ricardo Portillo y Jorge Héctor Mastricola, quienes se espera que declaren en las próximas audiencias.
Una causa abierta antes de la muerte de Carbonell
Carbonell había sido internado en el Borda compulsivamente, por una disposición de un juez de ejecución penal, en febrero de 2009.
La causa judicial, que ahora se ventila en el juicio oral, comenzó cuando Carbonell aún se encontraba con vida, a partir de la denuncia realizada por el personal médico que lo atendió en el Penna tras descubrir diferentes lesiones, entre ellas golpes y quemaduras en el tórax y uno de sus brazos, compatibles con electrocución.
Para la querella patrocinada por el CELS, la muerte sobrevino como consecuencia del «daño irreversible que había recibido su organismo» durante los meses de tratamiento en el Borda.
«Durante ese año de internación, su salud física y mental tuvieron un deterioro generalizado y hacia noviembre de 2010 a Matías lo encontraron en la cama del servicio, en una condición muy grave de salud, con signos de haber tenido una broncoaspiración, cianótico, febril y a partir de ahí comenzó un deterioro que lo condujo a su muerte», dijo a Télam Macarena Sabin Paz, coordinadora de Salud Mental del CELS.
La especialista recordó que los médicos del hospital Penna donde fue trasladado de emergencia «dijeron que tenía algunos signos compatibles con pasaje de corriente eléctrica, algunas lesiones en su palma, pecho y brazo».
Por otro lado, sostuvo que el caso viene a ratificar «que estos lugares tienen que transformarse hasta su cierre definitivo» prescripto por la Ley de Salud Mental de 2010, para que las personas con este tipo de afecciones «puedan vivir en la comunidad, en igualdad de condiciones con las demás y teniendo acceso a los servicios de salud mental como a cualquier otra especialidad».
«El de Matías no es un caso aislado e históricamente estas fueron muertes que no se investigaban, naturalizadas», dijo .
