Circula nuevo proyecto de ley 'Ómnibus' mientras CGT convoca huelga contra Milei

El gobierno de Javier Milei está buscando ansiosamente apoyo para una versión recortada del proyecto de ley 'Ómnibus' del presidente antes de lo que parece ser un mes clave para los amplios planes de reforma del líder libertario.

Después de múltiples reuniones y largas negociaciones con legisladores de los grupos PRO y Hacemos Coalición Federal, con el fin de asegurar el mayor apoyo en el Congreso, esta semana el gobierno comenzó a circular una nueva versión de su paquete de reformas emblemático.

Con menos capítulos y artículos, la administración Milei quiere asegurar su aprobación para avanzar con reformas sustantivas antes de mayo.

Fuentes del Congreso dicen que el proyecto de ley podría debatirse la próxima semana en la Cámara Baja, pero no están seguros de cuánto apoyo obtendrá.

Destacando lo que está en juego y la oposición a las medidas económicas del Presidente, la mayor federación laboral de Argentina, el grupo sindical CGT, dijo el jueves que convocaría una huelga para el próximo mes.

Los dirigentes de la CGT dijeron que la acción –la segunda huelga general del gobierno de Milei– se llevaría a cabo el 9 de mayo. También confirmaron que se movilizarían el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El malestar social y laboral está creciendo en Argentina. Cientos de líneas de autobús quedaron paralizadas el jueves cuando los dirigentes sindicales de la UTA se declararon en huelga. Aunque las conversaciones terminaron con el levantamiento de la medida, los líderes sindicales confirmaron que convocarían otra huelga para el 25 de abril.

A principios de esta semana, organizaciones sociales y grupos de piquetes pidieron ayuda alimentaria de emergencia en una gran manifestación en el centro de Buenos Aires, durante la cual se enfrentaron con la policía.

proyecto de ley ómnibus

La Libertad Avanza, firmemente en minoría en el Congreso, comenzó a preparar el terreno a mitad de semana cuando sus legisladores destituyeron al jefe de su grupo en la cámara baja en medio de disputas internas.

Gobernadores y diputados de los llamados bloques abiertos al diálogo ya recibieron una versión final de la 'Ley Ómnibus', así como un proyecto de ley fiscal que la acompaña.

El nuevo borrador de la reforma emblemática tiene 279 artículos, más anexos que enumeran las empresas sujetas al plan de privatización. Se trata de un texto mucho más técnico que el primero, que el gobierno espera facilite su aprobación en el Congreso.

Los artículos tratan principalmente de capítulos sobre la desregulación económica, el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia. En materia de pensiones, se elimina la última moratoria para quienes adeudaban alguna aportación.

En el artículo primero, el proyecto de ley declara “una crisis administrativa, económica, financiera y energética pública por un (1) año”. Este punto es uno de los principales cambios respecto a la versión original del proyecto de ley, ya que se ha reducido la duración del plazo y no hay posibilidad de prórroga.

Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo “para modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar fideicomisos públicos, en los casos en que ello no sea posible según los procedimientos establecidos en los estatutos que los crearon”.

reforma laboral

La reforma laboral de la ley es menos ambiciosa que la anterior, incluyendo cuestiones vinculadas con el blanqueo de capitales y una moratoria para que las empresas regularicen la situación laboral de sus trabajadores. También promueve la condonación de deudas y la extinción del Registro de Empresarios con Sanciones Laborales.

Para continuar con los recortes, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a “avanzar en la privatización” de empresas estatales, y también habla de la reducción de empleados estatales.

“Todo personal acogido al régimen de estabilidad que se vea afectado por medidas de reestructuración que incluyan la eliminación de órganos o de sus funciones, quedará automáticamente en estado de guardia durante un máximo de doce (12) meses”, se lee en el texto.

Otro punto de la ley se refiere al Fondo de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Integral de Pensiones Argentino y permite que su inversión “según criterios adecuados de seguridad y rentabilidad, en observancia de los lineamientos que marca esta ley y sus estatutos reglamentarios, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley N° 26.425”.

Además, otro apartado importante comprende las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y materias relacionadas con el gas, como la autorización de “importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa”.

Reformas fiscales

El paquete de reforma fiscal, que el gobierno finalmente decidió eliminar de la Ley Ómnibus original, es ahora un proyecto de ley separado llamado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”.

El punto más relevante de este proyecto de ley es la reinstauración del cuarto tramo de Ganancias o Impuesto a la Renta. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de 1.800.000 pesos para personas solteras, mientras que para personas casadas y con hijos será de 2.200.000 pesos.

El capítulo II de la Reforma del Estado sobre “privatización de empresas estatales” del proyecto difundido por el Gobierno de la nueva Ley Ómnibus tiene casi cuatro páginas y ocho artículos.

La iniciativa amplía de 12 a 18 el número de empresas sujetas a privatización y, al igual que en la versión anterior, agrupa a las estatales en tres categorías según su finalidad.

En primer lugar, están las cuatro “empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado”, que pueden ser privatizadas en su totalidad, si así se establece. Se trata de Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU.

Esta última, que presta servicios a las principales aerolíneas del país, es la que se agregó a la lista y que no estaba en la versión anterior.

El segundo grupo tiene que ver con cinco empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado que, según la propuesta, serían transferidas a concesiones privadas. Incluyen Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Por último, hay una lista de nueve empresas estatales que «sólo pueden privatizarse parcialmente, ya que el Estado debe conservar su participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones corporativas». Se trata de Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

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