La Secretaría de Energía presentó este lunes su informe para considerar qué porción del precio de gas natural en boca de pozo tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, una de las principales variables para definir el nuevo valor de las tarifas del servicio.
La presentación fue realizada en una audiencia pública por parte de la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y puesta a consideración de los participantes del encuentro virtual, entre los que figuran legisladores, asociaciones de consumidores y particulares interesados.
El propósito del Gobierno, expresado desde mediados del año pasado, es el de aprobar incrementos segmentados acordes al poder adquisitivo de los usuarios y que tengan un impacto en la tarifa del consumidor final inferior a la inflación prevista del 33% para todo 2022, según el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado por la oposición en el Congreso.
El informe indica que el porcentaje del costo del gas a cargo del Estado nacional es de 70,9% de ese valor.
Si el Estado asumiera el 100% del costo del gas, la tarifa final bajaría entre el 38% y el 53%, según la compañía distribuidora, la categoría de usuario y el mes, debido a las oscilaciones en el consumo del fluido en las diferentes estaciones.
En caso de hacerse cargo del 44,4% del costo del gas (porcentaje que resulta de los subsidios proyectados para 2022), la tarifa final aumentaría entre el 34% y el 49%.
Por último, si el Estado resolviera dejar de subsidiar el costo del gas, la tarifa final aumentaría entre el 92% y el 130%.
Entre los reclamos de los participantes se destacó el pedido de información sobre cuál es el costo real de producción de gas, por el que las empresas cobran un promedio de US$ 3,53 por millón de BTU (unidad de medida, equivalente a 28,5 millones de metros cúbicos).
Al respecto, el diputado mendocino José Luis Ramón llamó a «repensar el proceso de privatizaciones de hace 30 años», y la titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, caracterizó como «cuatro vivos» a las compañías del sector.
Por su parte, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, sostuvo que no puede analizarse la tarifa del gas sin tener en cuenta el gasto de las familias en la totalidad de los servicios públicos.
En otro orden, el jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano, objetó el tratamiento diferente en los subsidios para ese sector y para los usuarios residenciales, que a su juicio implicó que, mientras el consumo de gas de la industria se mantuvo estable en los últimos años, el de los hogares aumentó más del 40%.
La convocatoria es la segunda luego de la realizada el 19 de enero por parte del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), en la que se dieron a conocer las propuestas de aumento de las transportadoras y las distribuidoras.
Ambos encuentros virtuales serán tenidos en cuenta a la hora de fijar los nuevos valores tarifarios, para cuya determinación deben considerarse cuatro factores: el precio de gas en boca de pozo o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el del transporte, el de la distribución y, finalmente, la carga tributaria consistente en impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.
Videla precisó que el costo impositivo representa el 24% de la tarifa final, en tanto el costo del gas en promedio representa el 60%.
La tarifa de gas está congelada desde marzo de 2019 y su actualización, además del propósito de alcanzar la mayor cobertura de los costos de extracción, transporte y distribución, tiene relación directa con el nivel de los subsidios económicos y su impacto en el resultado fiscal.
Al respecto, un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó que en 2021 los subsidios destinados al sector energético (gas y electricidad sumados) ascendieron a $ 1,046 billones, equivalente a dos tercios del total y cerca del 80% de todo el déficit primario.
En el proyecto de Presupuesto se estimó un gasto en subsidios energéticos para 2022 de $ 873.397 millones.
Por otra parte, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, destacó recientemente en su cuenta de Twitter que el organismo y el gobierno argentino estuvieron de acuerdo «en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva».
