Semanas atrás las amenazas de bomba se multiplicaron en distintos colegios de San Miguel. Por esto, el último viernes antes del receso invernal, un grupo de padres se reunió en la Plaza Muñiz para organizarse y buscar soluciones entre todos. El Sanmiguelino entrevistó al secretario de Seguridad, Juan Esper, quien informó sobre la problemática y habló de dos allanamientos en el distrito.
«Es un tema complejo que involucra mucho a la Secretaría de Educación. Por eso desde un principio lo trabajamos con Andrés Lagalaye. Hay varias aristas a trabajar como las acciones concretas contra aquellas amenazas que nosotros pudiéramos detectar y hacer allanamientos, acciones judiciales y policiales para que los chicos que hacen las amenazas no lo tomen como un juego, sino como un delito», aseguró Esper.
El primer allanamiento fue por una amenaza en la Escuela 20. La causa quedó caratulada como intimidación pública. El segundo allanamiento ocurrió el sábado 14 de julio y estuvo a cargo de la Comisaría 1ra de San Miguel, con una investigación de la UFI 19. Se trató de un alumno del San José que hizo tres amenazas distintas: al San José, al D´Elía y al Tato.
«Se hizo el allanamiento, se encontraron varios celulares, algunos sin chip. Después encontraron otras cosas: encontraron armas, una era del padre y otra estaba en la habitación del chico. El padre había avisado que tenía un arma aunque no estaba declarada. Eso muchas veces pasa, porque es un arma heredada de algún familiar. En la habitación del chico encontraron una 9 milímetros sin cargador. Dijo que se la había prestado un amigo. Terminó con una cosa mucho más rara y todavía se está investigando», explicó Esper.
Al martes siguiente, Esper se reunió con los directivos del San José. «Ellos ya sabían de quién se trataba. Se van enterando por la misma comunidad, de los padres, de los propios alumnos. Han habido caso de chicos que se han arrepentido», agregó el funcionario.
LA SANCIÓN
«Una vez que se esclarece que es responsabilidad del menor, pasa al fuero penal juvenil. El menor no puede ir a la cárcel y en la provincia de Buenos Aires hay una serie de sanciones que pueden hacerse, como tareas comunitarias», relató Esper.
«Vamos a firmar un convenio con el departamento judicial de San Martín para que parte de la sanción que establezca la Justicia sea la realización de cursos de convivencia ciudadana. El convenio es para que esos cursos los demos desde el Municipio. Es una manera de mostrar que no nos da lo mismo».
-¿Se puede no cumplir el protocolo en los colegios?
-No. El protocolo es un operativo que depende del Ministerio de Seguridad. El día que a un alumno se le ocurra tirar un petardo en el inodoro del baño, y se lastime él o hiera a un compañero es un problemón.
-¿Y cómo se resuelve la problemática?
–Es un tema que nos interpela como sociedad. Estamos trabajando contrareloj para que San Miguel tenga una unidad que trabaje en la pronta respuesta. El Estado está invirtiendo un montón de plata. Desde Seguridad dos cosas: las medidas concretas y darle mucha difusión para que toda la comunidad educativa se entere, no solo de que estamos haciendo algo, sino que es un delito y que no se puede jugar con el tema. Después hay que trabajar desde Educación y es un trabajo muy importante y más difícil que el mío.
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