Delitos, violencia de género e inversión en seguridad de distritos del conurbano
Se trata de un informe que analiza los impactos de las medidas de aislamiento y los efectos de la cuarentena en las variaciones de temas cómo el delito, la violencia de género y las políticas públicas en torno a la seguridad en el conurbano.
En el marco de un análisis sobre las principales problemáticas vinculadas a la gestión en seguridad en el contexto de pandemia en el conurbano bonaerense, un estudio realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) visualizó el proceso de transformación y de discusión en torno a las estrategias municipales respecto de la Seguridad.
Con un documento que aborda de manera íntegra el desafío de gestionar la seguridad en tiempos de pandemia, la UNGS desarrolló los puntos esenciales de la situación actual de la seguridad en el Conurbano y de los actores que intervienen. Se trata del eje Seguridad del proyecto “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano desde una perspectiva multidimensional y multiescalar de los efectos sanitarios y socioterritoriales de la pandemia por COVID-19 y las medidas de ASPO en Argentina”.
El informe, que cuenta con datos estadísticos del orden criminal y judicial, señala que los hechos delictivos disminuyeron significativamente durante los primeros meses del aislamiento y comenzaron a aumentar en la segunda etapa de la cuarentena. Según los números del Fuero Criminal y Correccional y el de Responsabilidad Penal Juvenil, los robos y hurtos disminuyeron entre un 40% y un 50% respecto del 2019, expresa la investigación.
Asimismo, para desmenuzar el asunto de la seguridad en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), una problemática que fue en ascenso en la Agenda Setting y acuñada a la luz de un flamante y no menos peligros discurso libertario, el informe elaborado por UNGS propone dividir la situación de la gestión en seguridad en dos partes: una que va desde el comienzo de la cuarentena, en marzo, hasta mayo; y otra desde ese entonces, hasta la actualidad, donde se registraron cambios significativos.
Mediante un relevamiento de los diferentes departamentos judiciales del Conurbano, el documento refleja que las investigaciones judiciales aumentaron un 25% durante mayo de este año, en comparación con abril, y puesto a la par de de abril-mayo de 2019. Además, en lo que refiere a lesiones culposas, los delitos se redujeron casi en un 75% en la comparativa interanual 2019-2020, observa. En tanto los homicidios, se registró una baja del 25% en 2020, producto del ASPO.
“La emergencia sanitaria volvió a poner en discusión las tensiones intrínsecas a la gestión local de la seguridad, así como los desafíos pendientes en materia de atribuciones, competencias, limitaciones y recursos de los municipios en este marco”, señala el documento de la UNGS.
A la vez, destaca tres elementos esenciales de la coyuntura: “La presión e injerencia de los intendentes sobre la actividad policial, el desarrollo de determinadas medidas que exceden el marco normativo y distintas instancias de reclamo entre los intendentes y el gobierno provincial o nacional para la cooperación respecto de determinados controles”.
Agudización de la violencia de Género
Otro de los puntos del eje seguridad del informe sobre COVID-19 en el Conurbano, destaca la profundización de los casos durante el ASPO debido a las restricciones impuestas y al confinamiento en los hogares. Según datos vertidos en el informe por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, entre el 20 de marzo y el 6 de agosto de este año, ocurrieron 102 femicidios de mujeres y niñas, más cinco varones. De este magro número de casos, el 68% ocurrió en los propios hogares y el 66% el victimario fue la pareja de la víctima.
En lo que refiere a la Provincia de Buenos Aires, hubieron 40 femicidios entre fines de marzo y principios de agosto, lo que contabiliza un promedio de 10 casos por mes.
Además, el 61% de los 55.715 llamados a la línea 144 -atención y contención a víctimas de violencia de género-, según señala el documento, se registraron en la provincia de Buenos Aires. Los datos fueron extraídos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, desde donde se afirma que en el 92% de esos casos, los agresores fueron varones y, en un 85%, se trató de sus parejas o exparejas.
“El promedio de llamados diarios aumentó durante el aislamiento, pasando de 275 en el primer trimestre, a 338 en el segundo”, afirma el informe. Entre los meses de marzo y abril se registró el salto más grande en términos cuantitativos: aumentaron esos llamados en un 28%.
Otro dato relevante que destaca el análisis elaborado por UNGS es que el 50% de los pedidos de ayuda se concentraron en nueve municipios: La Plata, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.
Los municipios en la seguridad provincial
De acuerdo a los datos expresados en el informe, el abordaje de la seguridad realizado por cada municipio se vio trastocado en el contexto de pandemia, pero aún así no escapa a las decisiones políticas asumidas sobre el área por cada jefe comunal en los últimos años. El posicionamiento en políticas públicas en torno a la seguridad cómo la creación de Patrullas Urbanas y la asignación de recursos destinados al fortalecimiento de las secretarías de seguridad resulta clave cómo colchón para el escenario actual.
En datos concretos, resulta “clave”, señala el informe, el “gasto realizado en estas áreas”. En promedio, el 4,9% del presupuesto que disponen los municipios del Conurbano, son destinados al fortalecimiento de políticas en materia de Seguridad. En la comparativa, se destacan los municipios de San Isidro, San Fernando y Vicente López. En el caso de Morón y Avellaneda, presentan un porcentaje menor en términos de inversión por partida presupuestaria, pero más alta en el índice per cápita.
Lo que refleja el informe que conforma el apartado N° 8, titulado Gestión de la seguridad y emergencia sanitaria en el conurbano Bonaerense, del estudio Prevención y monitoreo del COVID-19 de la UNGS, es la complejidad del escenario que deben abordar los gobiernos municipales del área Metropolitana y el Gobierno provincial.
El escenario descrito por las autoras y autores del informe -Agustina Baudino, Andrés Gómez, Daniel Cassano, mariano Martignano, Julieta Rey, Marcel Rivarola y Benítez y Leandro Nicolás Rodriguez-, que presenta un abordaje de la cuestión de la seguridad, se da en medio de “una situación social y económica agudizada por el efecto de la pandemia, frente a la necesidad de brindar atención sanitaria y garantizar el aislamiento de los contagiados de las poblaciones más vulnerables”.
Los datos duros, son contrastados en la investigación y puestos en consideración con ejes que se desprenden del contexto de pandemia, pero que tienen orígenes anteriores a marzo de este año, cuando comenzó el aislamiento, como el abuso de poder de las fuerzas de seguridad, un nuevo rol de control -desconocido hasta entonces- de las fuerzas públicas y las demandas de seguridad.
