Campo de Mayo: Denegaron prisión domiciliaria a exmilitar condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF) de San Martín rechazó concederle la prisión domiciliaria al exmilitar Marcelo Cinto Courtaux, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 personas en el juicio conocido como «Contraofensiva I» en 2021, según informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos.
La defensa de Courtaux, quien se desempeñó como jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares, había solicitado la prisión domiciliaria «por tener 75 años y problemas de salud», explicó la secretaría en un comunicado.
El TOF 4 rechazó ayer la solicitud de la defensa teniendo en cuenta los argumentos tanto de la secretaría encabezada por Horacio Pietragalla Corti como del resto de las querellas y la fiscalía.
Uno de esos argumentos tiene que ver con el «grave riesgo de fuga» que implica concederle este beneficio a Courtaux, en tanto, el exmilitar permaneció prófugo durante tres años antes de ser capturado.
Los jueces también consideraron que Courtaux cuenta con «las garantías necesarias para atender sus padecimientos de salud inherentes a su edad» en la Unidad 31 de Ezeiza, donde se encuentra actualmente detenido.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos efectuaron -como ante cada pedido de prisión domiciliaria- un abordaje integral del caso a través de los equipos de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos.
Participaron el equipo de querellas y el cuerpo de peritos de la cartera de Derechos Humanos, quienes formaron parte de la junta médica realizada por el Cuerpo Médico Forense para analizar la salud de Courtaux.
Asimismo, la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas transmitió al tribunal la opinión de familiares y sobrevivientes, quienes se opusieron a que se le conceda el beneficio «en virtud de que ello afectaría su sensación de justicia y reparación, siendo lisa y llanamente una injusticia».
«La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles antes de conceder estos beneficios, que pueden exponer a las víctimas y sus familias y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino», sostuvieron desde la cartera.
El TOF 4 de San Martín había condenado en junio de 2021 a prisión perpetua por homicidio con alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados a cinco de los seis acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio de la causa denominada «Contraofensiva Montonera».
En este expediente se analizaron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal contra los militantes de la organización Montoneros que participaron de la llamada contraofensiva.
Se trató de una acción emprendida entre 1979 y 1980 por grupos de integrantes de Montoneros que decidieron volver al país desde el exilio para luchar contra la última dictadura militar.
