El abogado del confeso pero inimputable adolescente autor del crimen de Joaquín Sperani, el pequeño de 14 años asesinado por un compañero de colegio y de la misma etapa, el 29 de junio zaguero en la ciudad cordobesa de Laboulaye, solicitó delante la jurisprudencia que el beocio de etapa sea restituido a sus padres, mientras que los directivos de la escuela a la que concurrían uno y otro, fueron apartados de sus cargos por disposición del Ministerio de Educación provincial, informaron este jueves fuentes judiciales y ministeriales.
El autor del homicidio de Sperani, que por tener solo 14 años es inimputable, permanece alojado en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba, pero su representante procesal, el abogado Raúl Palacios, manifestó este jueves a Télam que solicitó el «cese de la privación de su libertad y que sea restituido a sus progenitores».
El cultivado especificó que se fundamentó el planteó a partir de un arbitraje del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitido el 25 de septiembre zaguero, que insta a los jueces penales juveniles a que «busquen otras alternativas distintas a la internación» en el Complejo Esperanza para el tratamiento de los casos de los menores que cometen delitos y que por su etapa no son punibles.
Según explicó el abogado, en ese informe, el TSJ dice que los menores de etapa «no pueden estar privados de su libertad», por lo que ahora esperan que el mediador de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Tipo y Faltas de Laboulaye, Sebastián Ignacio Moro, se expida sobre el pedido de «restitución a sus padres».
«El chico está mal, quiere volver con sus padres», remarcó Palacios y detalló que la tribu no vive más en Laboulaye.
Por zaguero, el abogado agregó que le solicitó al magistrado que se acelere el proceso para obtener los resultados sobre las pericias psicológicas que le practicaron al adolescente.
En tanto, una fuente del Ministerio de Educación informó a Télam que «se apartó al equipo directivo», es proponer, al directora y vicedirector, de la escuela Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, a la que asistían víctima y victimario.
Según la fuente, se tomó esa intrepidez para «profundizar la investigación administrativa que lleva adelante el ministerio, y para garantizar el clima institucional».
A su vez, se informó que se puso en funciones a un «director organizador».
La investigación administrativa se había iniciado a partir de declaraciones públicas de Mariela Flores, mamá de Joaquín, quien había reprochado a las autoridades de la escuela porque «no avisaron» que su hijo no había concurrido el día del crimen, pese a que ella se había comunicado para avisar que el pequeño que iba a conseguir con demoras porque había surgido unos minutos tarde de la casa.
Los detalles del caso
Joaquín (14) desapareció el 29 de junio cuando llegó a la escuela Ipem 278 «Malvinas Argentinas», de Laboulaye, dejó la bici en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.
Las cámaras se seguridad de la zona analizadas muestran el momento en el que el pequeño camina por la trocha de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según la investigación que lleva delante el mediador Moro.
Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener parte suyas posteriormente de clases, y una vez que desde el establecimiento educativo le confirmaron que ese día no había concurrido, inmediatamente radicaron la denuncia y comenzaron con la búsqueda.
El domingo 2 julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo y compañero de colegio de Joaquín.
En tanto, la necropsia preliminar determinó que el pequeño tenía múltiples golpes en la persona que le ocasionaron politraumatismo de cráneo y daño encefálico que derivó en su asesinato, en tanto hasta el momento se desconoce el móvil y, según lo que se conoce de la causa, habría actuado solo y premeditado el hecho.
