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Piden 3 años de prisión efectiva por la muerte de un paciente en una comunidad terapéutica de Pilar

El hecho sucedió en 2013 en la comunidad terapéutica San Camilo de Pilar.

La Fiscalía pidió ayer una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo contra Ángel “Pipi” Súñez, exempleado de la comunidad terapéutica San Camilo de Pilar, acusado por el delito de “homicidio culposo” por la muerte en 2013 de un paciente en ese centro de salud que años después fue clausurado por “tratos y penas crueles, inhumanos y degradanes”.

Durante la jornada de alegatos en el Juzgado en lo Correccional N° 4 de San Isidro, la fiscal Paula Valeria Oyola también solicitó que a Súñez se lo inhabilite por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.

El abogado defensor Rodolfo Andreacchio pidió una atenuación de la pena ante la confesión de culpabilidad expresada por el acusado durante la jornada de ayer y coincidió en el pedido de inhabilitación realizado por la Fiscalía.

Tras escuchar los alegatos, el juez Juan Facundo Ocampo convocó a una nueva audiencia el próximo lunes para la lectura del veredicto, a pesar de que la familia de la víctima, Saulo Rojas, esperaba que se definiera hoy mismo la sentencia.

El acusado Súñez era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, donde Rojas -un joven mendocino con consumo problemáticos e insulinodependiente- estaba internado desde junio de 2012 y un año después se quitó la vida en una habitación denominada como “el engomado” a donde se recluía a pacientes a modo de castigo.

En 2017, San Camilo fue clausurada por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.

Por la muerte de Rojas fueron imputados Martín Iribarne, dueño de la Fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no presentaron antecedentes penales y aceptaron una “probation”.

Para el ex empleado de Seguridad, en cambio, la fiscal pidió hoy 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, al alegar que “se ha logrado acreditar con la totalidad de las pruebas y los testimonios que el día 14 de junio de 2013 el imputado que cumplía la función de vigilador en San camilo aisló en una habitación en construcción a Saulo y violó el deber de cuidado que le era exigido».

“Saulo era una persona de 23 años con estas afectaciones, dos enfermedades (diabetes y consumos problemáticos) y un estado extremo de vulnerabilidad», remarcó Oyola y advirtió que no se puede argumentar que Súñez tuvo «un mero descuido”, sino que “fue una negligencia grave».

El abogado de la familia de la víctima, Yamil Castro Bianchi, adhirió en todo a lo que propuso la fiscal y declaró: «Lo que aquí ocurrió no tiene que pasar más. El encierro no cura, el encierro mata».

En tanto, el defensor del acusado pidió que en caso de que Súñez sea condenado la pena “sea en suspenso”.

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