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Para la dictadura, las trans «eran enemigas a destruir»

Por los delitos cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, el juicio comenzó el 27 de octubre en La Plata "le dará una dimensión pública que servirá para seguir investigando otros casos de trans que sufrieron violencia por salirse de ese modelo de familia y binarismo absoluto".

La última dictadura cívico militar buscó aniquilar al colectivo trans porque este se oponía «a su modelo sexogenérico cuya hegemonía quería garantizar», aseguró a Télam Ana Oberlin, auxiliar de la Unidad Fiscal Federal Especializada en crímenes de Lesa Humanidad de La Plata, que interviene en el juicio unificado por los delitos cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

«Valeria del Mar Ramírez es la primer trans que es querellante en un juicio de lesa humanidad, es el único caso que llega a juicio pero no fue la única ni un caso aislado», remarcó Oberlin.

La auxiliar fiscal explicó que el secuestro y las violaciones sufridas por Valeria del Mar «se enmarcó en el objetivo del terrorismo de Estado de aniquilar a las personas construídas como enemigas por oponerse al modelo sexogenérico que establecía cómo debían ser los roles de hombres y mujeres dentro de una concepción de familia cis heteropatriarcal».

«En ese modelo, las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, a su rol de amas de casa y los hombres participaban en el ámbito público y en tareas que la cultura machista relegaba a los varones», detalló.

Sostuvo que durante la última dictadura militar «quienes se salían de ese binarismo iban a ser castigados y aniquilados».

«Esto también explicaría el ensañamiento especial contra las mujeres cis dentro de los centros clandestinos; las mujeres cis secuestradas sufrieron violencias diferenciales porque se apartaban de ese modelo sexogenérico que alejaba a las mujeres de la militancia», sostuvo.

Oberlin, que integra la fiscalía de juicio junto a Hernán Schapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira, destacó que en esa época, la violencia contra el colectivo trans «tuvo mayor ferocidad por la visibilidad que las trans tenían, ya que estaban en situación de prostitución por las dificultades y el rechazo que sufrían al querer trabajar y la persecución que padecían».

«Eso las exponía más a esa violencia estatal represiva y selectiva y el caso de Valeria se enmarca en esto», remarcó Oberlin y expresó su confianza de que la declaración de Valeria del Mar Ramírez en el juicio que comenzó el 27 de octubre  en La Plata «le dará una dimensión pública que servirá para seguir investigando otros casos de trans que sufrieron violencia por salirse de ese modelo de familia y binarismo absoluto».

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