Nación

Nuevo revés jurídico para Milei: Tribunal suspende derogación de Ley de Tierras

Más malas noticiario para el presidente Javier Milei. Tras la suspensión del capítulo profesional de su amplio decreto de desregulación de emergencia DNU 70/2023, un tribunal aceptó ahora una medida cautelar y suspendió preventivamente la propuesta del presidente de derogar la 'Ley de Tierras' («Ley de Tierras»).

Milei quiere derogar la ley, que abriría la puerta a la transacción de terrenos por parte de extranjeros sin ningún conclusión.

La intrepidez la emitió este lunes el sentenciador federal Ernesto Kreplak al aceptar una demanda interpuesta contra el gobierno por el centro de veteranos CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) de La Plata, solicitando que se anule por inconstitucional el citado artículo por derogar la Ley 26.737. (“El Régimen de Protección del Dominio Nacional”) sobre la propiedad de la propiedad rural.

En su escrito original, los representantes del CECIM habían argumentado que «la derogación, al liberar el mercado de tierras, despejaría el camino para su propiedad extranjera y más concentrada, poniendo así en crisis los principios de integridad territorial y soberanía franquista, al tiempo que condicionaría la disponibilidad de tierras no Sólo suelo argentino sino además agua dulce.»

Previamente el gobierno había presentado un crónica solicitando que se rechazara el apelación por carecer de «los requisitos necesarios». [procedural] requisitos.» Argumentó encima que las cuestiones contenidas en el DNU caían bajo el control del Congreso, y no de los tribunales.

En su intrepidez el sentenciador abordó en primer empleo el cuestionamiento estatal a la licitud de la acto jurídico del CECIM contra el DNU, citando un precedente de la Corte Suprema que sostiene que «la simple condición de ser ciudadano es suficiente para demostrar la existencia de una condición 'peculiar' o ' interés directo.»

«Existe una acto única y continua que puede ultrajar la soberanía y, en consecuencia, los habitantes de la República Argentina. Esta demanda invoca derechos de raíz constitucional (peligro potencial de perder la soberanía franquista sobre la tierra y el agua, entre otros)». escribió Kreplak.

Respecto del pedido de medida cautelar, el magistrado agregó: «Encuentro plausibles los derechos y peligros de dilación previstos en el Código Procesal Penal y la Ley 26.854, por lo que suspendo preventivamente el artículo 154 del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023, irresoluto de sentencia definitiva.»

El sentenciador además criticó al gobierno al afirmar que el DNU impugnado «no ha cumplido con los trámites esenciales y sustanciales ni ha hecho uso de los servicios permanentes de información jurídica».

Expresó que, según la subsecretaria Técnica y Legal, María Victoria Marcó, la medida «no contiene informes ni pronunciamientos técnicos o legales previos».

Sobre esta colchoneta, el sentenciador Kreplak requirió al Estado que presente en el plazo de cinco días un crónica cumpliendo con lo establecido en el artículo octavo de la ley de impugnación, entregando información sobre los precedentes y fundamentación de la medida impugnada. Este crónica deberá ser presentado por el Ministerio de Justicia como representante del Poder Ejecutivo en este caso.

El sentenciador además ordenó que el caso se inscribiera en el registro de demandas colectivas del Tribunal Supremo en el interior de las 48 horas siguientes a la notificación de la orden de suspensión.

La norma en cuestión regulaba la propiedad de la tierra en manos extranjeras. La Ley 26.737, sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011, estableció un tope del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel franquista, provincial o municipal.

Hasta la plazo, se ha cumplido con esta ley a nivel franquista, siendo propiedad extranjera actualmente el 6,09 por ciento o 16,2 millones de la superficie total de tierra rural del país de 266.707.361 hectáreas en manos extranjeras.

Sin incautación, a nivel departamental han aparecido casos de incumplimiento, registrándose abusos en provincias como Salta, Corrientes, Misiones, Chubut y Santa Cruz.

La posible derogación de la ley había despertado un creciente entusiasmo por parte de los representantes de las empresas extranjeras por cambiar en este país. De hecho, el director de la sucursal tópico de una conocida multinacional con cientos de miles de hectáreas en el sur dijo Perfil que la intrepidez de Milei recogida en el DNU fue «muy positiva».

Ahora que la derogación está suspendida, se calma que el gobierno apele el caso delante el Tribunal Federal de Apelaciones.

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