Mientras el gobierno de Jorge Sapag anunció un nuevo plan policial que incluye 200 nuevos patrulleros para toda la provincia y 250 cámaras de seguridad, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y sindicales reclaman el cese del maltrato policial que se denuncia en cárceles, comisarías y patrullajes callejeros. En declaraciones a Radio Universidad Calf emitidas en Informativo FARCO, Gladys Rodríguez de la asociación Zainuco, institución que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad, aseguró que en Neuquén “la espiral de violencia y torturas y el muro de impunidad sigue intacto”.

La semana pasada Zainuco reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia que se condene por torturas a los 27 policías responsables de la represión ocurrida en 2004 en la Unidad de Detención Nº11, de los cuales sólo fueron condenados dos de los acusados y por apremios ilegales. También reclamaron el esclarecimiento del crimen del joven Cristian Ibazeta, asesinado de 24 puñaladas el 21 de mayo de este año en su celda de esa cárcel de Neuquén. El hecho se produjo sin que los guardiacárceles vieran ni oyeran nada.

Rodríguez aseguró que “la espiral de violencia y torturas y el muro de impunidad sigue intacto, se continúa en lo mismo, de manera que está muy claro” que hay argumentos para “esta exigencia que nosotros tenemos desde que comenzó todo esto, desde el asesinato de Cristian Ibazeta, donde se recrudecieron los hechos que siempre pasan dentro de la 11”.

La integrante de Zainuco afirmó que “estamos exigiendo la renuncia del jefe de policía (Raúl Laserna) y que se declare la emergencia carcelaria en Neuquén” .

Reporte de Marcelo Pascuccio, Radio Universidad Calf de Neuquén

Polémica por salidas transitorias de presos

Este caso sale a la luz luego de que se conociera salidas transitorias de la cárcel de Eduardo Vázquez, que cumple su condena por «el delito de homicidio calificado por el vínculo», acusado de haber matado a su mujer Wanda Taddei. El tribunal que autorizó dichas salidas explicó que fueron en el marco de la ley.

Por su parte, el secretario de General de CGERA, Raúl Zylbersztein, explicó mediante un comunicado que “hay rubros que actúan como espacio de acercamiento de los presos a la sociedad, para integrarlos en la vida productiva y social del país”. En la misma línea las cámaras que suscriben el texto señalan que “entendemos que es una manera proactiva para que entre todos terminemos con la inseguridad mediante la cultura del trabajo y la solidaridad”.