A una semana del 43° aniversario del golpe de Estado de 1976, organizaciones de derechos humanos de la región junto a sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes y partidos políticos, convocaron a una movilización que se desarrollará mañana hacia Campo de Mayo, desde la Plaza de San Miguel, a partir de las 10.30. La consigna es «contra la transformación de este espacio de represión en una reserva natural – vía decreto- por parte del gobierno de Macri».
«¡La memoria no se toca! ¡No a la Reserva Natural en Campo de Mayo!», expresa el comunicado y continúa: «A 43 años del golpe militar, exigimos memoria, verdad y justicia».
Se trata de una convocatoria para marchar en repudio a cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo: El Campito, Los Tordos, La Casita y el Hospital Militar (que funcionó como maternidad clandestina donde nacían los/las bebés de las detenidas-desaparecidas que luego eran apropiados). Además, indica el escrito, desde ese lugar partían vuelos de la muerte que arrojaban personas vivas al Río de La Plata.
En el lugar se calcula que permanecieron detenidas más de 5 mil personas de manera ilegal, los cuales hoy tienen carácter de desaparecidos y de cuya totalidad, sobrevivieron 43.
El comunicado emitido por las organizaciones convocantes expresa:
«El gobierno comenzó el año esbozando una agenda represiva que se enlaza con otras medidas adoptadas durante los últimos tres años. La rehabilitación de las fuerzas armadas para la represión interna; la militarización de la Patagonia, la criminalización de los mapuches y los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El “protocolo” que institucionaliza el gatillo fácil, la baja de la edad de imputabilidad, la expulsión de inmigrantes, la compra de picanas Taser, el procesamiento de los luchadores contra la reforma previsional. La represión a los trabajadores que pelean para mantener su puesto laboral, el fallido 2×1 para los genocidas.
La creación de una reserva natural en Campo de Mayo se inscribe en los operativos de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas y su impunidad, ya que pretende clausurar lo que hoy es terreno de valiosas pruebas en investigaciones por delitos de lesa humanidad, que están en curso. El gobierno busca darle mayor sustento a este reforzamiento represivo con el nuevo Código Penal, consensuado con el pejota, que prevé la exención de responsabilidad penal para los miembros de las FFAA durante “el cumplimiento de sus deberes” (un retorno a la nefasta obediencia de vida).
Esta política no comenzó con el macrismo, fue el kirchnerismo quien designó al genocida Milani como jefe del Ejército, quien comenzó este camino con la entrega de los edificios de la ex Esma. Fue también bajo el gobierno kirchnerista que se otorgó mayor protagonismo al ejército y las FFAA en materia de represión interior (hoy se hace en nombre del supuesto “combate al narcotráfico”, ayer bajo el lema de la “ayuda humanitaria” en las barriadas). La ley antiterrorista formó parte de esta orientación de fondo.
Dentro de las instituciones militares la doctrina política sigue siendo la misma, ya que la mayoría de los culpables no fueron condenados. Hoy en Campo de Mayo funciona un destacamento de la Gendarmería Nacional, siendo este uno de los centros operativos del control social de las barriadas populares del conurbano por parte de esta fuerza.
Los gobiernos municipales del ex General Sarmiento, tanto oficialistas como falsos opositores, han avalado el control social. En el distrito de San Miguel han incurrido en la persecución del movimiento de mujeres que han defendido el aborto legal, despidiendo a trabajadoras de la salud y han cerrado centros culturales y prohibido las fiestas barriales de carnaval. En Malvinas Argentinas, se han impulsado eventos evangelistas auspiciados por el municipio, los mismos sectores reaccionarios que atacan al movimiento de mujeres. En el distrito de José C. Paz son innumerables los casos de represión policial y las desapariciones forzadas de mujeres jóvenes, es un territorio donde los negocios ilegales de las fuerzas de «seguridad» son administrados directamente desde la oficina de gobierno municipal».
