Administración de Milei afila motosierra contra empleados públicos
El despido de cientos de empleados de la agencia de seguridad social ANSES la semana pasada se produjo de forma inesperada, sin previo aviso. Es una muestra de lo que vendrá en la próxima etapa de gobierno del presidente Javeir Milei, que pretende aplicar la 'motosierra' al empleo estatal, incluida la no renovación de buena parte de 70.000 contratos que vencen a final de mes.
Dentro del gobierno de Milei no tienen detalles sobre el número exacto de despidos que han impuesto desde el 10 de diciembre, con varias estimaciones que chocan entre sí y con las presentadas por los sindicatos.
Los contratos laborales de unas 70.000 personas, que vencen el 31 de marzo, están en la mira del gobierno de La Libertad Avanza desde principios de enero. Son uno de los puntos atacados por la oficina del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que monitorea minuto a minuto el ajuste fiscal y que se ha encargado de trazar una línea muy concreta durante la última semana: cada ministerio y cartera de Estado debe informar por esta semana qué contratos se eliminarán, al tiempo que informa a las futuras víctimas que se quedarán sin una fuente de ingresos. Se espera que entre 15.000 y 20.000 funcionarios estatales sean despedidos.
La noticia no ha sido bien recibida en varios ministerios, que necesitan personal y no están en condiciones de pasar la motosierra por su plantilla. «Hay gente valiosa que trabaja muy bien por un salario que no es alto. ¿Cómo vamos a despedir gente en este momento?» dijo a Perfil un funcionario de La Libertad Avanza, agregando que se habían hecho llamadas a Posse y al ministro de Economía, Luis Caputo, para explicarles que no pueden recortar más personal.
Dentro de las filas del partido libertario, la cuestión tiene varios matices. Por un lado, el presidente Milei se jacta de haber despedido a 50.000 personas desde su llegada a la Casa Rosada. Sin embargo, entre los allegados al economista se cuidan de no hablar de despidos y prefieren utilizar las palabras «no renovación de contratos». En concreto, solo admiten que 7.000 miembros de la administración pública perdieron sus ingresos a través del Decreto 84/2023, que entró en vigor el pasado 26 de diciembre. Este decreto, firmado por Milei y Posse, establecía la no renovación de los contratos que caen al amparo del artículo 9 de la Ley Marco, e inició el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada destacó, consultada por este diario, que no habrá un recorte importante de 70.000, sólo un ajuste de entre 20 y 30 por ciento. Los sindicatos más poderosos que aglutinan a los trabajadores estatales, UPCN y ATE, no dan por sentada esta versión. Se preparan, a su manera, para un escenario lleno de conflictos.
A diferencia del gobierno, en ATE sí mencionan la palabra “despidos” y ofrecen cifras. En total, además de los 7.000 contratos que no fueron renovados para este año, son al menos 2.000 hombres y mujeres de diferentes áreas los que recibieron un telegrama, con el añadido de que cientos de empleados ya saben que ya no tendrán trabajo y que sólo queda por hacer el archivo efectivo de su despido.
En este contexto destaca el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, con 1.500 personas despedidas, entre ellas 165 en la agencia ANDIS para personas con discapacidad, 170 en el instituto nacional de cine y artes audiovisuales INCAA, 200 en la sanitaria AySA, 26 en el Instituto Secretaría de Derechos Humanos, 50 en el organismo regulador ENACOM y otros 50 en el consejo de investigaciones científicas del CONICET.
Se espera que otros 2.000 más sean despedidos, incluidos 400 empleados del organismo antidiscriminación INADI y 900 del Instituto de Agricultura Familiar, entre otros. A esa larga lista, otros 1.400 provendrán de la agencia de seguridad social ANSES y otros 900 del CONICET.
