La pedagoga y especialista en políticas públicas de educación, Roxana Perazza, advierte que la escuela queda ubicada «en un lugar muy complicado de denuncia y expulsión» tras la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña si sus hijos no concurren a clases.
En una entrevista con Télam, quien también fuera exsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de 2003 a 2006, asegura que la respuesta al ausentismo escolar necesariamente debe estar enmarcada en políticas públicas económicas y sociales que vayan a la par de la construcción de lazos de confianza entre la escuela y las familias, y considera que esta medida del Gobierno de la ciudad va «en sentido contrario».
– ¿Qué análisis hace de este último anuncio del Gobierno porteño en materia educativa?
– Creo que si se considera al ausentismo como un problema en términos de aprendizajes, que es indudable, las soluciones que este Gobierno toma para resolverlo son altamente cuestionables. Esta medida no resuelve los derechos educativos y tampoco tiene intención de hacerlo, sino que busca abonar a discursos de cierto sector de la sociedad que señala a estas familias como «planeros», que son vagos o que no les preocupa mandar a los chicos a la escuela. Sin embargo, pese a que los considero anuncios en clave electoral, son preocupantes los impactos que estos tienen en la vida cotidiana de las escuelas.
– ¿Y cuáles son esas consecuencias que puede tener esta medida?
– Es preocupante porque estas medidas ubican a la escuela en un lugar muy complicado, de denuncia. Aquella escuela donde los chicos y chicas tienen dificultades para sostener su escolaridad, es la que luego va a denunciar a sus padres o madres, ergo se van a quedar sin esa ayuda social. Esto fragiliza el lugar de la escuela y no fomenta la construcción de los vínculos necesarios para llevar a cabo la educación de los chicos y chicas que (el Gobierno) dice que tanto les preocupa. Es muy difícil después reconstruir un vínculo con esa escuela porque nadie se puede sentir alojado por alguien que te denuncia. Es una medida muy expulsiva bajo un manto discursivo de inclusión.
– Sin embargo, la deserción escolar es un problema que urge resolver. ¿Las escuelas cuentan con las herramientas necesarias para revertir esto?
– Sin duda que lo es y las escuelas tienen muchas herramientas para atender el ausentismo. Se comunican con las familias, buscan entender lo que pasa, desarrollan un plan para garantizar que los chicos vayan todos los días a la escuela, comprenden la problemática e inventan estrategias con las familias. Si queremos justamente que los chicos estén en la escuela aprendiendo, es necesario un trabajo cuerpo a cuerpo para fortalecer los lazos de confianza que se basan, fundamentalmente, en la comunicación. En cambio, la denuncia interrumpe la comunicación y la búsqueda de entender la posición de un otro.
– ¿Alcanza con las estrategias que se despliegan desde la escuela? ¿Qué responsabilidades tienen los demás actores?
– La escuela sola no puede y poner toda la responsabilidad a la escuela es quitarle toda la responsabilidad al Estado y las demás áreas que son necesarias que actúen de forma coordinada con la educación. Además, la sostenibilidad en la escolaridad no puede quedar librada a la voluntad y decisión de docentes o directivos. En un contexto de crisis como el que se está atravesando ahora, esto requiere necesariamente de políticas económicas, sociales, de salud que confluyan en un mismo objetivo, que es que los chicos estén en la escuela. Con esta medida, en vez de invertir más en términos de lo social, es el Estado el que retira esos aportes.
– ¿Y cuál es el rol de las familias?
– Para que los chicos y chicas aprendan, los adultos -incluidos los padres- nos tenemos que hacer responsables, como dice el Gobierno porteño, pero para generar un marco de confianza para justamente garantizar en parte los aprendizajes. A lo que está invitando el Gobierno (porteño) es justamente a romper todas esas estrategias, y en las escuelas donde no las hay, estos discursos no favorecen que se creen estos acercamientos con las familias. Esta concepción que se tiene del lugar de la escuela, de los chicos y de las familias es muy problemática y supone un debate que nos tenemos que dar quienes todavía nos seguimos preocupando por el hecho educativo.
– ¿Qué instancias previas hubo para avanzar con esta medida?
– Para implementar esta medida lo que hicieron en una resolución fue cambiar algunos artículos del reglamento escolar que pautaban, especialmente en la escuela media, qué cuestiones tenían que hacer los directores y docentes cuando veían un caso de discontinuidad en la escolaridad. También cambiaron el porcentaje que tiene que cumplir un alumno para seguir guardando su condición de regular. Pero además, lo que venimos viendo es una lógica punitiva que se repite desde hace tiempo, más allá de que cambie el contenido, que lo que fomenta es la denuncia hacia el otro. Con el lenguaje inclusivo hicieron lo mismo al proponer que aquel que escucha que un docente usa el lenguaje inclusivo lo denuncie. Creo que van a seguir en esa línea: el contenido irá variando, pero la lógica se sostiene y esto nos parece muy peligroso.
