La Corte tuvo su primera reunión del 2023 mientras Diputados discutía el juicio político
La Corte Suprema de Justicia de la Nación concretó este jueves su primer encuentro del año con el pleno de los miembros, sin novedades destacadas en sus decisiones y en el contexto de un trámite de pedido de juicio político con 14 acusaciones en su contra en la Cámara de Diputados.La reunión de los cuatro integrantes del máximo tribunal se inició a media mañana en el Palacio de Tribunales, mientras a poco más de un kilómetro la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se disponía a tratar el pedido contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
La contingencia de un pedido de destitución se coló en la reunión de acuerdos, que discute votos, fallos y cuestiones administrativas, y se analizó con expresiones de «apoyo mutuo» de los ministros, según coincidieron fuentes del tribunal.
El bloque oficialista fundamentó su pedido de juicio político por «mal desempeño» y la eventual comisión de delitos en catorce acusaciones que contemplan unos sesenta casos y logró los votos necesarios para aprobar la admisibilidad de los expedientes contra los cuatro magistrados.
Tras una larga reunión, que discutió también el pedido de inadmisibilidad de Juntos por el Cambio y otras fuerzas de la oposición, la Comisión aprobó iniciar el cuestionamiento por 16 votos a favor y 15 negativos.
Si bien no decidió sobre los temas sensibles como la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires o la integración del Consejo del Magistratura, la Corte firmó más de 200 fallos hoy, la mayoría de ellos considerando «inadmisible» la intervención de la máxima instancia de justicia, mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Salvando los rechazos, la Corte resolvió sobre temas penales, laborales y también tomó decisiones administrativas para logística y las áreas periciales. El tribunal supremo inició así un año con una agenda de alto impacto político-económico.
En cuanto a la coparticipación, la Corte falló en diciembre pasado a favor de la Ciudad en su disputa con la Nación por los fondos y elevó su participación al 2,95% de los fondos distribuibles.
El Gobierno recurrió inmediatamente la decisión y solicitó que el tribunal se forme con conjueces que no hayan participado del fallo y sobre esos pedidos tiene pendiente una definición la Corte.
Sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, la Corte definió que la separación del bloque oficialista había sido un «ardid» para tener más representantes y que por tanto la banca correspondía a la oposición.
El oficialismo ratificó su designación del senador Martín Doñate y como respuesta la Corte dejó pendiente el juramento de los cuatro senadores, con lo cual todavía está pendiente de integración el órgano que selecciona y eleva ternas de jueces al Poder Ejecutivo.
El conflicto de poderes se agudizó el miércoles para Rosatti, cuando la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó una recusación en contra del magistrado con la convicción de que, como presidente del Consejo, no puede intervenir porque sería «juez y parte».
La Corte, como cabeza de uno de los poderes de la democracia, desde su primera integración en 1863, hasta la objeción del presidente Alberto Fernández, sólo dos veces fue cuestionada por la vía del juicio político.
El primer antecedente se ubica en 1947, durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, contra cuatro miembros de la Corte por haberse negado a tomar juramento a magistrados de la Justicia del Trabajo y haber nombrado conjueces que respondían a la «oligarquía» y el «capitalismo extranjero», entre otros cargos, como el de haber legitimado el golpe de Estado de 1930 mediante una acordada.
El peronismo incipiente planteó entonces en su pedido que los magistrados y el Procurador resultaban el mayor escollo para el avance de la clase obrera y debían ser destituidos por el Senado.
El pedido logró la mayoría especial en la comisión y luego obtuvo los votos en el recinto para remover a los jueces Francisco Ramos Mejía, Benito Nazar Anchorena, Antonio Sagarna y al procurador Juan Álvarez.
Los otros dos miembros de aquella Corte de cinco, Tomás Casares y Roberto Repetto, quedaron al margen del proceso: el primero por voluntad política del oficialismo y el segundo por presentar la renuncia antes de que se iniciara el juicio.
La historia se tomaría luego un receso de más de 50 años para plantear un escenario institucional de cuestionamiento a la Corte, también de la mano de un peronista que iniciaba su mandato: Néstor Kirchner.
A diez días de asumir, y por cadena nacional, el santacruceño pidió el juicio político a la «mayoría automática» del menemismo residual por ir «contra el mandato popular expresado en las urnas» que quitaba margen de gobernabilidad para superar la crisis económica de 2001.
«No es nuestro deseo contar con una Corte adicta, queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo», sintetizó el entonces Presidente para iniciar el proceso de destitución de cinco de los nueve miembros de aquella Corte.
Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’ Connor y Antonio Boggiano fueron llevados a juicio pero sólo los dos últimos enfrentaron el proceso, ya que Nazareno, López y Vázquez prefirieron renunciar.
