La gestión de la crisis en el conurbano bonaerense

En una nueva producción del Observatorio del Conurbano Bonaerense, se compilan diferentes aportes de investigadores docentes Universidad Nacional de General Sarmiento sobre una temática común. “Los 8 artículos reflexionan en torno a una pregunta en común: ¿cómo impacta el COVID-19 en las transformaciones que venían operando en las diferentes áreas de la vida sociourbana y de la intervención estatal”, explica la socióloga Bárbara Couto, coordinadora del Observatorio, una iniciativa del Instituto del Conurbano de la UNGS.

“Los autores reflexionan sobre lo que hoy son áreas críticas que plantean grandes desafíos a los gobernantes porque son problemáticas complejas donde intervienen múltiples actores”, destaca Couto, que también adelantó que ya están trabajando en una segunda serie con aportes sobre hábitat popular, género y políticas para la Economía Popular y Solidaria, entre otros temas.

La pandemia plantea nuevas dificultades que se procesan en un escenario de condiciones estructurales previas complejas y problemáticas. Los artículos refieren delimitaciones y recortes geográficos particulares en función de las problemáticas particulares de cada sector: Conurbano Bonaerense, Área Metropolitana de Buenos Aires y Región Metropolitana de Buenos Aires.

El aporte de Rodrigo Carmona, politólogo e investigador docente del ICO, analiza los impactos del actual contexto de aislamiento impuesto sobre las condiciones de la producción y el empleo, las cuales venían exhibiendo una tendencia previa de caída. “Entre 2015 y 2019 la RMBA experimentó una caída del de 39 mil empleos formales siendo la industria la más afectada. En este escenario problemático, la pandemia irrumpe agregando complejidad a la situación existente y obligando al despliegue de un paquete amplio y variado de instrumentos públicos enmarcados en el Programa de Asistencia de Emergencias al Trabajo y la Producción (ATP). Este conjunto de medidas de asistencia social, laboral y económica ante la pandemia es de gran magnitud y representa un 5,6% del PIB para ser aplicado entre los meses de abril y junio del corriente año. Los acuerdos con los actores de la producción rigen por ahora hasta fin de mayo, habrá que ver en qué medida están en condiciones de contener la situación que de seguro se prolongará en las zonas urbanas más pobladas, los 24 partidos del Gran Buenos Aires”, dice.

El geógrafo Andrés Barsky, investigador docente del ICO, presenta la problemática del abasto alimentario como eje central de la política urbana, analizando cómo entran en tensión los múltiples roles que juega el Mercado Central de Buenos Aires, como referente de precios en un contexto inflacionario, como garante de inocuidad introduciendo nuevos protocolos por la pandemia, y más recientemente como promotor de acuerdos sociales para la provisión de bolsones a precios accesibles. “Ante la situación de confinamiento de la población, ha quedado tensionado claramente el sistema de abasto alimentario, por lo cual ha quedado en evidencia la fragmentación que lo caracteriza. El Estado ha tomado diversas medidas frente a esta situación. Ha debido protocolizar el funcionamiento de los mercados y por otra parte acordar precios desde el Mercado Central a fines de en que los mercados minoristas se recomienden precios más accesibles para gran parte de la población que ha visto disminuida su capacidad adquisitiva”, asegura el especialista en producción periurbana y abasto alimentario metropolitano.

“La ecología en el Gran Buenos Aires en tiempos de pandemia”, es el título del artículo de Leonardo Fernández, ecólogo urbano y urbanista. El investigador del ICO aborda tres ejes de análisis -el transporte, el agua y los residuos-, para reflexionar sobre los desafíos para la gestión ambiental metropolitana, de cara a las próximas fases del aislamiento. Sobre los flujos de energía y el transporte urbano, el especialista evidencia la impactante disminución de la contaminación atmosférica en el Gran Buenos Aires producto de las medidas de aislamiento impuesto. En segundo lugar, indaga sobre el incremento sustantivo de residuos patogénicos y la consecuente necesidad de las autoridades de introducir nuevos protocolos para su tratamiento y disposición. Finalmente, Fernández analiza la fuerte desigualdad territorial en el acceso al agua y los impactos potenciales de incremento de riesgo sanitario para las familias que habitan la región.

Por su parte, Carlos Martínez, economista y especialista en finanzas del sector público, pone el foco en la desigualdad en el gasto asignado en salud entre diferentes municipios del Gran Buenos Aires, a partir de un análisis de camas críticas por cantidad habitantes. En el artículo, investigador docente del ICO advierte una profunda heterogeneidad de situaciones previas a la emergencia, una brecha significativa entre distritos, la cual deriva de los incentivos inherentes al sistema de coparticipación bonaerense que compensa inversiones municipales en servicios de salud de alta complejidad. Frente a este escenario, Martínez hace referencia a las principales medidas que las autoridades nacionales y provinciales emprenden para mejorar las condiciones del sistema sanitario de la región.

El aporte sobre seguridad de María Eugenia Carrasco y Daniel Cassano, ambos abogados e investigadores docentes del ICO, y de Tobías Schleider, especialista en filosofía del derecho, investigador y docente universitario, se centra en las respuestas securitarias durante la emergencia sanitaria. Los autores destacan el empleo, casi de manera exclusiva, de intervenciones policiales. También advierten sobre los primeros pasos de una reforma de la estructura de la Policía Bonaerense, con consecuencias inciertas. En ese contexto, el artículo señala que algunos municipios han hecho un uso del poder de policía debatido y resistido.

Las problemáticas de niñas, niños y adolescentes en el marco de la emergencia, es el tema que aborda Carolina Foglia, politóloga e investigadora docente del ICO, en este documento especial del Observatorio del Conurbano. La investigadora advierte que la desigualdad estructural de las condiciones de los hogares del AMBA en muchos casos impide la protección del cumplimiento de sus derechos, al ser un colectivo no visibilizado en este escenario. “Si bien el nuevo coronavirus encuentra en la población mayor de 65 años al principal grupo de riesgo, los niños, niñas y adolescentes atraviesan las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en condiciones que no siempre permiten el cumplimiento de sus derechos y sin ser el colectivo más visibilizado en la agenda pública en esta coyuntura”, explica Foglia.

Por su parte, el artículo de Nadina Sgubin, geógrafa e investigadora docente del ICO, analiza los desafíos de la continuidad pedagógica de la enseñanza a través de la virtualización, y expone la profunda desigualdad social del acceso de los alumnos a las TICs y de las condiciones familiares para acompañar adecuadamente este proceso. La especialista afirma que en algunos distritos en particular, la población con estudios secundarios completos y con acceso a herramientas tecnológicas es muy bajo y tensiona aún más la brecha preexistente en el acceso a la educación.

La publicación completa: «Serie especial COVID-19. La gestión de la crisis en el Conurbano Bonaerense»

*Fuente: Comunicación y Prensa  – Universidad Nacional de General Sarmiento