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La deuda de los municipios: condiciones laborales y salariales de los trabajadores

Análisis de los salarios de los trabajadores de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Desde el Foro Santa María y con el Espacio de Formación y Liderazgo (EFyL) analizamos las condiciones salariales de los trabajadores del ex General Sarmiento, y pensaron los desafíos de una alternativa frente a la difícil situación en la que se encuentran actualmente.

Fue a través de un encuentro por zoom días atrás, donde participaron el economista Nicolás Kieper (UNGS) y el secretario regional de los municipales, Abel Venecia, quienes con sus aportes nos permitieron repensar la situación de los trabajadores municipales en el ex Gral. Sarmiento. Aprovechamos este espacio para agradecerles.
Veamos algunos datos duros:

Si tomamos el período 2016-2019 para la región observando los números salariales del municipio del San Miguel que se toman como referencia (están por debajo del municipio del Malvinas Argentinas y por encima de José C Paz lo cual nos aproxima a un promedio), nos encontramos que en los últimos 4 años el salario municipal frente a la inflación ha venido a la baja con una caída muy pronunciada en 2018 del 12,5 % frente a la inflación, es decir, frente al IPC (Índice de precios del consumidor).

En el mismo período si se compara el salario municipal en dólares la reducción pasa de 480 a 267.

Esta abrupta caída se debe a los escasos incrementos y a las fuertes devaluaciones que en consecuencia liberaron tarifas dolarizadas de servicios esenciales.

Si observamos la grilla de categorías en el organigrama municipal de San Miguel que van de la 1 a la 17 nos encontramos con que en la primera el básico es 8761.46, esto quiere decir que se encuentra muy por debajo del mínimo vital y móvil que ronda los 13.500 pesos. Recién en la categoría 10 se puede hablar del mismo. Lo cual habla de una deuda histórica pero además ética y moral de las intendencias con sus trabajadores si además tenemos en cuenta que los ingresos de los altos ejecutivos como los intendentes y secretarios son de 20 a 30 veces más.

En suma, la caída de los salarios municipales de la región en los últimos 4 años ha sido abrupta respecto de la inflación y si se considera la caída de los mismos en dólares representa a más del 50 % debido a las fuertes devaluaciones del tipo de cambio y consecuentemente con la liberación de tarifas de servicios esenciales. Todo esto sin considerar los números de la pandemia. Esto hace que la vida de un trabajador municipal sea de una situación de extrema vulnerabilidad y economía “subsistencia”.

El conflicto central está en el no cumplimiento por parte de los municipios de la ley 14.656 sancionada a mediados del año 2014 que fomenta el acuerdo de salarios y condiciones laborales mediante convenios colectivos de trabajo y/o ordenanza tanto como el escalafón municipal y el pase a planta permanente después de un período de trabajo.

Ahora bien, veamos algunas cuestiones que llaman mucho la atención. Ningún municipio tiene datos de acceso público para la aplicación y gestión de políticas y para el control de los ingresos genuinos locales (Herramienta fundamental para una negociación salarial).

Malvinas y José C. Paz presentan una breve conceptualización según recomendaciones de la OIT N° 163 pero San Miguel no posee ningún tipo de información al respecto.

Dicho esto, tampoco presenta las cuentas de la coparticipación a diferencia de sus distritos pares. Su contabilidad se encuentra algo así como en el triángulo de las Bermudas.

Estos problemas discrecionales no permiten por ejemplo saber si el municipio de San Miguel invierte en innovación tecnológica de manera que se puedan establecer como mejor propuesta una relación de costos laborales unitarios que darían un horizonte más claro y más eficaz.

Otro problema que presentan los municipios es la falta de planes y acciones en materia de formación profesional del personal, es decir, la falta de inversión en el proceso de una burocratización municipal más dinámica y eficaz.

Para cerrar, los municipios tienen la obligación y el desafío de revisar los números, darle carácter de acceso público, llamar a convenios colectivos de trabajo e iniciar procesos de capacitación y profesionalización. Ese es el horizonte si se quieren mejorar los Estados de proximidad, los mismos que representan la primera puerta del vecino al Estado.

Pablo Moledo

Docente | Referente del Foro Santa María de San Miguel

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