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¿Ishii uno de los espiados en la gestión de Vidal?

La denuncia se conoció el 23 de octubre de 2019 tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La punta del hilo se inició con la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martín, tras la cual se develó una red de espionaje ilegal que funcionaba en el órgano de seguridad provincial. Tras el llamado a indagatoria del extitular de Asuntos Internos, y el haber encontrado material que lo demuestra, se pudo saber que existe una lista de presuntos espiados. 

En medio del escándalo por la causa de espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas y personalidades durante la gestión del expresidente Mauricio Macri desde la Agencia Federal de Inteligencia, una nueva investigación se abrió en el mismo sentido sobre Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo conducción Cambiemos, que tenía entre sus objetivos, entre otros, al intendente paceño, Mario Alberto Ishii. 

Un nuevo capítulo de espionaje ilegal que implica al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cambiemos, que dirigía el entonces ministro Cristian Ritondo. Se trata de un expediente que posee información sobre una red de persecuciones y pinchaduras de teléfonos ejecutadas desde la la inteligencia criminal, con la policía provincial como brazo ejecutor. 

La denuncia se conoció el 23 de octubre de 2019 tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La punta del hilo se inició con la denuncia presentada por el excomisario Néstor Martín, tras la cual se develó una red de espionaje ilegal que funcionaba en el órgano de seguridad provincial. Tras el llamado a indagatoria del extitular de Asuntos Internos, y el haber encontrado material que lo demuestra, se pudo saber que existe una lista de presuntos espiados. 

Además del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y su par de Berazategui, Juan Patricio Mussi, la lista de víctimas de tareas de inteligencia abarca al “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, el expediente señala entre los espiados a las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.

La investigación es impulsada por la fiscal titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, quien citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10 a uno de los procesados, el ex titular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra, quien fue acusado del delito de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado».

En el procedimiento, donde también se recolectaron pruebas de que fue espiado el marido de la fiscal, también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear, uno de los primeros problemas de la gestión Cambiemos hacia fines de 2015. 

Entre las víctimas físicas del investigado espionaje ilegal están, además de Ishii y Mussi, Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo. También el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros. También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.

En su escrito, la fiscal quien también procesó a la pareja de Berra, quien en ese momento se desempeñaba como auditora sumarial especializada en investigaciones patrimoniales de la policía provincial, señaló que: «obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial».

«Para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados», expresa el expediente que llevó a Berra y su pareja a indagatoria. 

La denuncia de Néstor Martín que desató el escándalo

La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense. Martín acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, ya que, -según su denuncia-, obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.

En su denuncia, Martín acusó a Berra de poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior. 

Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.

Según la fuente judicial consultada por Telam, el ex comisario sostuvo también que «esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó» como el «comisario más rico de la Bonaerense».

A partir de esa denuncia, Corfield allanó el año pasado las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata, donde secuestró documentación y archivos informáticos que, tras su análisis, determinaron el procesamiento de Berra y Sardina.

Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo “entre 2016 y 2019″.

La fiscal consideró además que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”.

Entre ellos, la fiscal citó el uso de vehículos oficiales con su correspondiente combustible y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad provincial para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, incluido la Dirección Nacional de Migraciones.

Desde la Municipalidad de José C. Paz afirmaron que el intendente Ishii se enteró por los medios. Mientras tanto, el próximo 29 de junio Berra está citado a declarar junto a su pareja María Sardiña, la otra procesada. A partir de eso se decidirá la citación de los supuestos espiados.

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