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Intendentes del Oeste se reunieron con funcionarios judiciales por las prisiones domiciliarias.

Los intendentes de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Merlo ya se habían reunido con la Asociación de Magistrados.

Los intendentes de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Merlo se reunieron hoy con funcionarios del Departamento Judicial de Morón, para interiorizarse sobre cómo se manejan las disposiciones de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En el encuentro, los jefes comunales Juan Zabaleta (Hurlingham), Lucas Ghi (Morón), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo) coincidieron en monitorear en conjunto el proceso para cuidar la seguridad de los partidos que integran ese Departamento Judicial, informó un comunicado.

Zabaleta sostuvo que «hay que llevar tranquilidad sobre este tema» y, «además de conocer las resoluciones que se están tomando», los intendentes pusieron «a disposición todos los dispositivos municipales de seguridad para colaborar con el control sobre cada caso».

«Ya hubo una conversación auspiciosa con la Asociación de Magistrados y es muy positiva la última determinación de la Corte de revisar las instancias que propiciaron este debate en la provincia, que tiene que ver con una revisión muy exhaustiva de cada situación», dijo Ghi.

En tanto Menéndez indicó que «se escucharon las opiniones de la aplicación de esos beneficios que otorga la ley, donde la justicia se compromete a cumplir al pie de la letra el nuevo fallo de la Corte, revisar cada caso y señalar aquellos en que la morigeración proceda».

El intendente Alberto Descalzo, por su parte, explicó que la reunión se realizó para «articular entre los departamentos ejecutivos y la Justicia, solicitando la información correspondiente».

Las prisiones domiciliarias, recordó un comunicado del municipio de Morón, «son resoluciones estrictas y restringidas que se pueden otorgar exclusivamente a grupos de riesgo, acusados por delitos leves y que estén próximos a cumplir su condena».

Además, se indicó que las medidas que se adoptan se enmarcan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas para reducir la propagación del Covid-19 en lugares de encierro y hacinamiento.

Participaron del encuentro con los intendentes la fiscal general interina, Karina Iuzzolino; la defensora general, Claudia Bonanata, y el defensor general adjunto, Gustavo Giachino.

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