Conurbano

Clausuraron un centro de recuperación capilar por ejercicio ilegal de la medicina

Con un quirfano y cuatro salas de tratamiento aisladas el centro no contaba con la habilitacin necesaria para funcionar
Con un quirófano y cuatro salas de tratamiento aisladas, el centro no contaba con la habilitación necesaria para funcionar.

El centro de recuperación capilar Hair Evolution, ubicado en Av. Córdoba al 600 de la Ciudad de Buenos Aires, fue clausurado luego de un operativo de inspección coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF), y agregaron que, al momento de la inspección, solo se encontraban una enfermera y una extraccionista.

El centro de recuperación capilar, que realizaba tratamientos con implantes y manejo de extracción de sangre, no contaba con personal médico.

El Ministerio de Salud dispuso la clausura del centro por no contar con personal médico al momento de la inspección, además, por la aplicación de soluciones vencidas y sin aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El centro, con un quirófano y cuatro salas de tratamiento aisladas, no contaba con la habilitación necesaria para funcionar.

Secuestraron más de 214 frascos que se encontraban en infracción, algunos de ellos presentaban rótulos incompletos o no tenían la especificación sobre la droga en su interior.

Además, se secuestraron blisters con medicación en comprimidos varios y siete frascos con cápsulas de contenido “sin diferenciar”.

La Dirección General de Fiscalización y Control labró un acta de intimación por no presentar “el plano de habilitación conforme a obra visado, la falta de habilitación ante el Ministerio de Salud acorde a los hechos y usos con profesionales actuantes”.

Asimismo, en el lugar tampoco se pudo identificar la constancia/manifiesto del retiro de residuos patogénicos.

Participaron del operativo personal del CIJ, agentes de la Policía de la Ciudad División Delitos Contra la Salud, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y funcionarios de la Dirección Nacional de Salud.

La Fiscalía PCyF N°11, a cargo de María Valeria Massaglia, caratuló el caso como “Ejercicio ilegal de la medicina”.

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