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El Gobierno bloquea los pagos de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado

El gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado que suspenderá los pagos de compensación a las víctimas exiliadas del terrorismo de Estado durante la dictadura argentina de 1976-1983 mientras lleva a cabo una auditoría integral para detectar «casos con irregularidades».

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la medida al afirmar que el plan estaba sujeto a una corrupción generalizada en una entrevista televisiva nocturna transmitida el lunes.

Al describir el sistema de reparaciones como un «festival de pagos», afirmó que el presunto soborno «no podría haber ocurrido sin apoyo político».

Mediante resolución gubernamental (Nº RS-2024-40979055-APN-MJ), Cúneo Libarona ordenó “una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas al amparo de las leyes de reparación patrimonial a las víctimas del terrorismo de Estado”, dijo la administración de Milei.

“El Ministerio decidió realizar esta auditoría porque se han detectado diferentes casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado publicado en las redes sociales.

La decisión de auditar todas las solicitudes surge de una sentencia dictada en el caso conocido como 'Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita'.

En el mismo “se procesó a un grupo de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, utilización de documento público, falso testimonio, falsa denuncia, fraude y defraudación a la administración pública nacional”, informó el ejecutivo.

Cúneo Libarona anunció que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades derivadas de pagos duplicados o pagos realizados a personas que carecen de documentación que respalde su solicitud”.

La medida es la última intervención gubernamental en las políticas de derechos humanos. Desde que asumió el cargo en diciembre pasado, el presidente Milei ha reabierto el debate sobre la dictadura militar de 1976-1983, pidiendo una “memoria completa” del conflicto.

El líder libertario cuestionó las estimaciones de los grupos de derechos humanos sobre el número de desaparecidos bajo el terrorismo de Estado y exigió compensación para las víctimas del terrorismo de izquierda y la violencia guerrillera.

Plan de reparaciones

El programa de reparaciones nació después de que varias víctimas iniciaron demandas contra el Estado argentino.

Según el plan existente, que se basa en seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013, las víctimas de la última dictadura cívico-militar reciben compensaciones económicas y pensiones.

Pueden solicitar reparación, entre otros, las personas que sufrieron una desaparición forzada, los familiares de las personas asesinadas por el terrorismo de Estado y las personas nacidas durante la privación de libertad de sus madres, o que siendo menores de edad fueron detenidas, mientras dure la detención. y la desaparición fue por razones políticas.

Durante la campaña electoral del año pasado, Victoria Villarruel, vicepresidenta de Milei, había insinuado su deseo de auditar el sistema de compensación. Hace dos años, el juez federal Ariel Lijo (nominado por el presidente Milei para una vacante en la Corte Suprema) investigó a varios uruguayos que habían recibido pagos de la justicia argentina.

Las preocupaciones sobre irregularidades son anteriores a la administración de Milei.

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, quien sirvió en el gobierno peronista liderado por el expresidente Alberto Fernández (2015-2019), presentó su cartera como querellante en agosto de 2021 tras recabar información sobre supuestas maniobras fraudulentas que involucraban a falsos familiares de desaparecidos.

Posteriormente, cinco personas fueron procesadas como miembros de una organización criminal que brindó falso testimonio y defraudó a la administración pública.

«Esto es divertido para mí»

Después de anunciar inicialmente la medida en las redes sociales, Cúneo Libarona concedió una entrevista televisiva a LN+ el lunes por la noche, durante la cual prometió tomar medidas drásticas contra quienes habían abusado del sistema.

El Ministerio de Justicia actuará contra «personas que, con documentos falsos, testigos falsos y formularios falsos, inventaron y se hicieron pasar por víctimas y recibieron más de 150.000 dólares», afirmó.

Cúneo Libarona informó que la auditoría abarcará 7.996 indemnizaciones en total, así como los casos de 14.400 exiliados.

«Ahí tengo muchas trampas sobre quién estuvo y quién no. Hay 350 demandas por 100.000 dólares. Hay 350 sentencias de 100.000 dólares cada una», insistió a LN+.

«Hay muchos justos [people] y muchos pecadores, lo que quiero es descubrir la pandilla de los pecadores. Quiero ver los archivos, esto es divertido para mí y me apasiona mucho», declaró.

– TIEMPOS/NA

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