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Documento de la Comisión de la Recuperación de Campo de Mayo

En la décima marcha a Campo de Mayo, la Comisión de la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo elaboró un documento que se transcribe a continuación.

AL PUEBLO ARGENTINO.

En Argentina, durante la dictadura cívico militar de 1976 se llevó a cabo  un plan sistemático de exterminio con el objetivo de imponer un proyecto económico liberal que cambiaría las relaciones políticas, económicas, gremiales, sociales, culturales y solidarias.

Los sectores dominantes querían rediseñar la sociedad. Para lograrlo necesitaban reprimir a los sectores populares y construir la figura del subversivo. En pos de ese objetivo es que las fuerzas armadas y de seguridad, con la complicidad y colaboración de sectores civiles y de la iglesia instalaron el plan represivo más siniestro de nuestra historia.

El aniquilamiento en la Argentina, así como en toda Latinoamérica no fue casual. El objetivo fue destruir la organización y participación política. Esta destrucción del tejido social fue necesaria para que las clases dominantes impusieran su proyecto de país. El plan sistemático de exterminio de personas y genocidio se llevó a cabo desde el Estado hacia la población y tuvo métodos atroces como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, las violaciones, el robo de bebés, el asesinato y la apropiación de bienes de los desaparecidos.

Estos delitos son imprescriptibles por ser delitos de Lesa Humanidad.

La represión estuvo organizada por zonas y subzonas y se dividieron estratégicamente entre las distintas fuerzas represivas para organizar e implementar el terror. Hoy sabemos de la existencia de más de 600 centros clandestinos de concentración.

En nuestra región la represión fue ejecutada por el Distrito Militar de Campo de Mayo, poniendo al frente a sus Institutos y Escuelas Militares, y ocupando territorialmente la región desde Zárate a San Martín. Región que denominaron Zona IV. En la cual fueron más de 7.000 los compañeros secuestrados detenidos desaparecidos.

Todas las fuerzas de seguridad quedaron bajo su control y en cada distrito instalaron con total impunidad Centros Clandestinos de Torturas y Exterminio.  Inclusive en lugares como en la fábrica FORD.

Esta represión se ejecutó sistemáticamente hacia los cuerpos gremiales de las fábricas, sus delegados y activismo en general, a los jóvenes organizados, a las organizaciones políticas y sociales, a nuestras familias, a nuestros vecinos, es decir a todo el Pueblo.  

Aquí en este Hospital Militar apuraban los partos en la maternidad clandestina. Niños y niñas que, en su mayoría todavía no fueron recuperados en su identidad. Seguimos buscando a los más de  400 que todavía faltan.

Y en este escenario de Terrorismo de Estado, El CAMPITO, fue el lugar de Concentración de Tortura y Exterminio. En este punto queremos destacar al COMPAÑERO CACHO SCARPATTI  quien a través de su testimonio, se pudo conocer la existencia y ubicación del tan ocultado CAMPITO. Se pudo probar la ignominia de los militares, y así se armó la CAUSA CAMPO DE MAYO

Fue muy importante el proceso de juicios que se llevaron adelante en todo el país desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la voluntad y decisión Política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner al hacer de los Derechos Humanos una política de Estado, tomando las banderas y lucha del Movimiento de los Derechos Humanos, de las Madres, Abuelas, Hijos, y la de muchos Espacios y Comisiones regionales como nuestra Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, de comisiones por la Memoria de Escobar, San Martín, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, de los sindicatos docentes, de las universidades, de los centros culturales, de muchas agrupaciones políticas, que han logrado sentar  en el banquillo de los acusados a los genocidas y civiles en los distintos tribunales orales del País.

Este proceso de juicios a los responsables del Genocidio, nos puso  en un lugar muy importante de reconocimiento en toda América y en el mundo.

En la actualidad tenemos 1128 imputados, 300 procesados,  559 represores condenados y 15 juicios en desarrollo.

Pero un sector de la justicia cómplice intenta paralizar la continuidad, pues ahora llega la hora de convocar a juicio a los responsables civiles, empresarios, apropiadores de las empresas, iglesia cómplice, a los  jueces que fueron parte del genocidio. Hoy les toca a ellos.

Por eso pusieron su acento en generar situaciones coyunturales para impedir la continuidad de este proceso de enjuiciamiento a los responsables del Terrorismo de Estado. Obstaculizando el nombramiento de nuevos jueces y fiscales. No hay sentencias firmes, lo que correspondería al Casación Penal aplicarla y solamente 114 condenas que abarcan a 108 represores por juicios llevados a cabo en la década de 1980 por casos de apropiación de niños, niñas.

En los últimos meses han profundizado sus estrategias políticas para desautorizar y desaprobar las políticas públicas en derechos humanos, que lleva adelante actual Gobierno Nacional.

Así los vemos resolviendo rápidamente en las causas contra políticas del gobierno nacional o intentando parar todo proyecto aprobado por los otros poderes del Estado. Crean, en los hechos  su partido político que les permite aglutinar sectores opositores que intentan retomar intereses sectoriales.

En los últimos días, no es casual que  cerca del 24 de marzo, hubo decisiones con fallos judiciales que garantizan la impunidad de la complicidad civil:

  • En menos de 24 horas, el Juez Ercolini rechaza la indagatoria a Herrera de Noble, Magneto y Mitre por apoderarse de Papel Prensa.
  •   La Cámara de Casación Penal declara la falta de mérito de Blaquier dueño de Ledesma, y de su gerente enjuiciados por el secuestro y ejecución del ex intendente LUIS AREDEZ, y de 20 obreros en la Noche de los Apagones cuatro meses después.
  •  El juez ad hoc Claudio Pontec desvincula  a Vicente Massot, director de la Nueva Provincia, de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique  Heinrich y Miguel Loyola y era quien apoyaba económicamente favoreciendo la represión genocida.
  • Hay demoras en  las causas conocidas como LAS MARIAS, del establecimiento yerbatero de Corrientes donde hay desaparición de obreros: 14 jueces se excusaron de impulsar la causa penal por sus vínculos con el propietario Adolfo Navajas Artaza quien fuera gobernador y ministro de la última dictadura de Corrientes.
  • No hay avances, ni decisión de nombrar los jueces para el Tribunal Oral de San Martin donde se ventilan los casos de la  megacausa  Campo de Mayo, casos que involucran a empresarios de FORD Y MERCEDES BENZ.

Nosotros: como COMISION POR LA RECUPERACION DE LA MEMORIA DE CAMPO DE MAYO  hicimos nuestros los logros en la lucha por las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nacimos públicamente el  25 de marzo del 2006, cuando entramos por primera vez a un acto dentro de Campo de Mayo.

Ahora es la 10° vez que marchamos y desde aquel 25 de marzo del año 2006 fuimos parte en impulsar los juicios Campo de Mayo, en recuperar identidades, acompañar testigos, identificar genocidas, participar de conjunto con otras organizaciones sociales y de DDHH, y con los equipos de Memoria y Territorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Iniciamos un camino de múltiples espacios de militancia a nivel regional, en varias provincias y en buscar vínculos para acelerar las causas de lo que se conoce como el PLAN  CONDOR.

Sabemos todo lo que falta y de las dificultades cuando un sector del Poder Judicial pone obstáculos para continuar los juicios de lesa humanidad en la megacausa de Campo de Mayo.


Hacemos nuestra  la denuncia por mal desempeño y juicio político contra el juez  Subrogante del Tribunal Federal 1 de San Martín DIEGO BARROETAVEÑA, que hiciera el compañero PABLO LLONTO abogado de la megacausa de  Campo de Mayo.

Hoy, en nuestro décimo acto aquí en Campo de Mayo decimos.

¿No será oportuno preguntarles a los señores candidatos presidenciales, gobernadores, legisladores nacionales, provinciales si es que van a  continuar con las políticas públicas de Derechos Humanos implementadas por el actual Gobierno Nacional?

Esta cuestión ¿Está incluida de forma expresa en sus plataformas electorales?

¿Están de acuerdo con la premisa de Memoria, Verdad y Justicia como norte fundamental de la política de derechos humanos?

¿Mantendrán a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación , como así también a las Secretarias y / o Direcciones de Derechos Humanos como parte querellantes en los juicios de Lesa Humanidad  y en aquellos que se investiguen graves violaciones de los derechos humanos?

¿Cuáles serán sus políticas de Gobierno respecto a los Sitios de Memoria instaurados en todo el territorio nacional?

¿Cuáles serán las políticas respecto a la apertura definitiva de los archivos de todas las fuerzas de seguridad y de los demás organismos e instituciones públicas? 

¿No será el momento de exigir a los poderes públicos competentes la investigación de los funcionarios del Poder Judicial  que han jurado por las actas de la Dictadura Militar?

¿No será el momento de apurar los juicios y separarlos del cargo a los funcionarios judiciales, que aún continúan, que rechazaron los Habeas Corpus presentados por nuestros familiares, nuestras Madres, nuestros Padres por la aparición con vida de nuestros compañeros y compañeras?

¿No será necesario impulsar una Comisión Investigadora para estos señores que asumen sus cargos desde una elección de acuerdos espurios y de sueldos privilegiados, protegidos e intocables por los impuestos que pagan otros sectores de la sociedad?

A todos ellos les decimos que multiplicaremos nuestra voz:

  • Exigiendo Juicio y cárcel común para todos los genocidas de esta dictadura cívico militar, para los civiles: empresarios que entregaron a los delegados obreros, a los responsables del poder económico que se beneficiaron con apropiación de bienes y entrega del país, a la iglesia cómplice que bendijo las armas y las picanas.
  • Seguiremos exigiendo apertura de todos los archivos.
  • Aparición con vida de Julio López.
  • Por una Ley Nacional de un  Espacio de la Memoria en Campo de Mayo
  • Por la recuperación de la identidad de los 400 niñas, niños.
  • Por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos.
  • Por un  Poder Judicial al servicio del pueblo y no de los grupos de poder dominantes

SEGUIREMOS MANTENIENDO LAS BANDERAS DE LA  MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA,  PARA RECUPERAR LA VERDADERA HISTORIA DE LO SUCEDIDO Y PODER TRANSFORMAR NUESTRA NACION EN UN PAIS JUSTO, SOBERANO. SOLIDARIO Y LIBRE. CON UNA JUSTICIA DEMOCRATICA AL SERVICIO DE LOS INTERESES DEL PAIS Y NO DE LOS SECTORES DE PODER.

COMO DICEN NUESTRAS MADRES: ¡“NI UN PASO ATRÁS!

         CONTRA EL SECTOR DEL PODER JUDICIAL, CÓMPLICE DEL TERRORISMO DE ESTADO, PROTECTOR DE GENOCIDAS

         BASTA DE IMPUNIDAD DE ESTA CORPORACION JUDICIAL

       SEÑORES JUECES DE LA IMPUNIDAD, PARA USTEDES TAMBIÉN:

¡¡NUNCA MÁS, NUNCA MAS , NUNCA MÁS!!!

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