San Miguel

Cuestionamientos a la falta de políticas para el colectivo LGBTI

“¿Cómo te presento?”. Con esa pregunta terminé la conversación por teléfono con Luli Arias. Habíamos estado cruzando mensajes durante un rato, de manera cortada por la falta de señal en la ruta. Ella venía de Rosario tras presentar “Reina de Corazones” y se iba a Gualeguaychú a un panel sobre Educación. «Activista, trans, docente y miembro de la cooperativa Arte Trans», respondió, no como un requerimiento formal sino como una declamación de lucha.

El viernes se realizó la 4ta Marcha Plurinacional que llevó como principal consigna el grito de «Basta de los travesticidios y transfemicidios». El sábado, en la plaza de San Miguel también hubo manifestaciones de visibilización de la problemática (ver foto). 

La primera edición fue en 2016 con el objetivo de que se tomen medidas para evitar los crímenes a diferentes poblaciones por cuestiones de géneros, clases y etnias. Un reclamo general pero que toca muy sensiblemente al colectivo trans: “Solo en lo que va de este año tenemos 40 mujeres trans- travestis víctimas de travesticidios y travesticidios sociales”, afirmó Arias.

Es un índice que se suma a las 80 muertes que se produjeron el año pasado. Sin embargo, es un numero que esconde algo más: “El último eslabón de la cadena es la muerte de la compañera, pero el comienzo es la expulsión de los hogares, el no tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Todo eso lleva a que el promedio de vida sea de 35 a 40 años. El travesticidio es la muerte en manos del hombre por nuestra condición de genero pero el travesticidio social es toda la condena social que nos lleva a tener esta cifra de 80 compañeras muertas el año pasado”, agregó Arias.

La falta de políticas inclusivas en este caso se convierte, no solo en una falta de justicia social, sino en pérdidas de vidas directas que podrían evitarse. El acceso al trabajo, la salud y la educación son algunos de los derechos más vulnerados para el colectivo trans: “El 60% de las chicas no tiene acceso a la educación, ese derecho tan básico. El 80% de las compañeras o más se dedican a la prostitución y más del 70% refiere que desea otro trabajo”, expone Arias. Una vida que se convierte de riesgo solo por el hecho de ser quienes son.

A estas realidades debemos sumarle la propia situación de estos colectivos en el conurbano bonaerense ya que los grados de discriminación también dependen de las sociedades en las que viven. Atendiendo a esta particularidad se creo el Colectivo Conurbanes por la Diversidad. “Entendimos que había que construir un nuevo espacio social que tenga en cuenta nuestra realidad, ser personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) de las periferias, de los barrios más humildes del conurbano bonaerense y que además de los asuntos de agenda nacional y regional considere los asuntos de nuestros barrios y de nuestros municipios con respecto a nuestros derechos”, aseguró uno de sus integrantes, Darío Arias.

Desde este espacio están trabajando en un informe que da cuenta de la situación de políticas integrales LGBTI que realizan los Municipios. El mismo se presentara en julio pero nos adelantaba que hay distintas situaciones “Hay municipios que han generado políticas públicas integrales para la comunidad LGBTI que son modelo y que son paradigmas como es el caso de Morón entre el 2006 y 2015 o en Lanús entre el 2008 y 2015. Pero que por ejemplo en la región noroeste tenemos que expresar nuestra preocupación por los ínfimos avances que ha habido en estos gobiernos locales respecto a los derechos LGBTI”.

Respecto al gobierno comandado por Jaime Méndez (Juntos por el Cambio), Darío Arias afirmó: «Existe nuestra especial preocupación por lo sucedido en el municipio de San Miguel, donde observamos como grupos neoconservadores tienen una fuerte influencia en las agendas políticas y públicas del distrito. Esto ha impedido avanzar en materia de políticas públicas y no se han observado políticas de la gestión de Cambiemos para favorecer a las poblaciones de la diversidad sexual y de géneros”.

Las expectativas son más positivas en los casos de José C. Paz y Malvinas Argentinas donde, aunque aun no se han cristalizado demasiadas políticas al respecto, se sostiene desde el Colectivo Conurbanes por la Diversidad: «Entendemos que ha habido una decisión política de abrir la puerta al tema y se están construyendo de manera muy paulatina distintos instrumentos de política pública para poner en el centro de la escena a las personas LGBTI. En el caso de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini (Frente para Todos) se pueden mencionar un Departamento de Diversidad y en el caso de José C. Paz, donde gestiona Mario Ishii (Frente para Todos) el tratamiento de distintas ordenanzas en el Concejo Deliberante». 

 Las organizaciones sociales y activistas LGBTI bregan por incluir estas problemáticas en las agendas locales. Políticas orientadas a la integración laboral trans desde los municipios como por ejemplo la implementación de incentivos tributarios a el sector privado para la contratación de personas trans, pueden cambiar sustantivamente la realidad de este colectivo. Replicar las experiencias de Morón y Lanús en la creación de consultorios de diversidad sexual implicaría la inserción al sistema de salud de personas con disidencias sexuales y una mejora en su calidad de vida. La cuestión es tratar de cortar con la cadena de exclusiones cuya consecuencia son las 80 muertes por año. 

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