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Críticas a la decisión del Gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas

Telam SE

Estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, de gremios, funcionarias y funcionarios rechazaron la decisión del Gobierno porteño de prohibir el uso de las «e», «x» y «@» en las escuelas y documentos oficiales, por considerar que «arremete contra el principio de no discriminación» y cuestionaron que los problemas de aprendizaje se relacionen con el uso del lenguaje inclusivo.

Estudiantes de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires consideraron «un atropello» a la identidad la decisión del gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas y violatorio de los derechos de quienes quedarán «excluidos» por no ser nombrados.

«Cuando me enteré fue shockeante porque yo uso pronombres neutros. Entonces, al estar prohibido el lenguaje inclusivo, me pregunté cómo me iban a tratar, es como si yo directamente no existiera», expresó a Télam Em Noli (15), estudiante de tercer año de secundaria del Mariano Acosta.

Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires calificó a la medida como de «censura a la libre expresión» y enfatizó que «nunca nadie exigió que el lenguaje inclusivo se haga obligatorio, sino que simplemente sea elección personal».

En el mismo sentido se expresó Catalina Vogel, estudiante y consejera de Género de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta: «Es un atropello a la identidad de muchas personas», dijo.

Legisladores porteños dijeron que la prohibición del lenguaje inclusivo tiene «un tinte electoralista»

Legisladores porteños se pronunciaron hoy en contra de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dijeron que la medida tiene un «tinte electoralista» y no descartaron la posibilidad de «apelar a la vía judicial».

«La medida tiene un tinte electoralista, está pensada mirando encuestas y su verdadero objetivo es el impacto mediático», dijo a Télam la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) María Bielli, y agregó que, si bien la medida es «grave», tendrá «poco impacto» real.

«Un sector del PRO que gobierna la Ciudad de Buenos Aires entiende que hay votos que se le están escapando por derecha», continuó.

«Tenemos una Ministra de Educación -dijo luego en referencia a Soledad Acuña- que resuelve políticas educativas respondiendo a especulaciones electorales y nos tiene acostumbradas a una serie de gacetillas que se comunican al unísono en distintos medios de comunicación y que luego son humo, tienen poco impacto en las escuelas».

Para Bielli, «aquello que no se crea por una resolución, tampoco se prohíbe por resolución», y señaló que «el uso del lenguaje es producto de prácticas sociales, es irrisorio creer que una resolución de una Ministra va a poder impedir que esas prácticas sociales sigan avanzando».

Sin embargo, advirtió que la medida «da cobijo a quienes no están dispuestos y dispuestas aceptar esas transformaciones sociales».

«Es grave que se intente prohibir aquello que responde a transformaciones que hemos hecho como sociedad y que tienen que ver con la ampliación de derechos», añadió.

A su vez, Bielli informó que el bloque del FdT en la Legislatura porteña está evaluando la posibilidad de «apelar a la vía judicial, dado que se está incumpliendo con legislaciones nacionales».

En paralelo, Mara Brawer, diputada nacional del FdT, aseveró que «lo más preocupante» de la medida es que «reprime las nuevas identidades» y «deja afuera las expresiones que muchos y muchas adolescentes usan para nombrarse».

Brawer dijo que «la discusión sobre la ‘e’ en el lenguaje no puede ser reducida al análisis de los problemas en la alfabetización inicial».

Por otro lado, la diputada del Frente de Izquierda (FIT-Unidad) Alejandrina Barry, presentó un proyecto de resolución para «derogar» la resolución y sostuvo que la medida «no obedece a razones pedagógicas, es discriminatoria contra el movimiento de mujeres y viola el derecho constitucional a la libertad de expresión».

Además, la diputada advirtió que «no se puede obligar, menos se puede prohibir el uso y costumbres en el lenguaje».

Por su parte, los diputados Gabriel Solano y Amanda Martín (FIT-PO), presentaron un proyecto que rechaza la resolución del Gobierno porteño por su «carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio, contrario a todo principio de defensa de la Educación Sexual Integral y al derecho a la identidad de género».

Ramiro Orgeira, secretario general del Centro de Estudiantes del Liceo N° 9 Santiago Derqui, señaló que la medida «refleja el orden de prioridades del Ministerio de Educación de la Ciudad al que parece no importarle que se caigan los techos, que haya ratas en los colegios, que perdamos 120 horas de clase en pasantías que no cumplen sus objetivos o que a muchas instituciones no llegue la educación sexual integral».

En tanto, organizaciones LGBTIQ+ también criticaron la medida del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Así lo hizo Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT y Marcela Romero, directora de la Casa Trans, Coordinadora Nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

También Maria Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, quien aseguró que la medida «no solo es profundamente discriminatoria y vulnera la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad, que protege expresamente, entre otros, el derecho a la variedad lingüística, sino que además vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes».

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Este viernes se supo que en 2019, el Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña, contrató a un equipo de profesionales para que elaboren manuales de lenguaje inclusivo que entregaron el año pasado y que fueron editados hace pocas semanas para su distribución.

Ese equipo profesional difundió un comunicado firmado por Diana Maffía, Patricia Gómez, Celeste Moretti, Romina Zonzini y María Paula García con el título ‘El lenguaje se construye colectivamente, no se prohíbe unilateralmente’, donde explicaron que desconocían la decisión oficial.

«Deroguen ya esta medida anacrónica», reclamó Maffía a Rodriguez Larreta y Acuña a través de su cuenta de Twitter.

Gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron al repudio.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, dijo que la medida «no es una discusión gramatical, es un posicionamiento profundamente político» que no intenta dar respuesta a «una situación del sistema educativo sino que necesita ubicarse y contener a los sectores reaccionarios que siempre han sido los votantes de Larreta y Acuña».

Rodríguez Larreta, afirmó en conferencia de prensa que, «a partir de ahora», los docentes en la ciudad de Buenos Aires «tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares».

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«En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más», argumentó Larreta, al referirse a los resultados de la última evaluación sobre Lengua realizada en estudiantes porteños de 6 grado del nivel primaria y de 3 año de secundaria dados a conocer días pasados, que reflejan un retroceso durante el período de pandemia.

La intención de prohibir usos de la Lengua «es política», dijeron investigadores de Letras de la UBA

Investigadores de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires manifestaron que «los usos de la lengua siempre son políticos en el sentido más amplio y fuerte de ese término» por lo que la intención de prohibirlos «también lo es» y destacaron que los derechos lingüísticos «son derechos humanos».

Los investigadores que integran la Junta Departamental de la Carrera sentaron así su posición respecto a la prohibición del uso y enseñanza del leguaje inclusivo en las escuelas porteñas tomada por el Ministerio de Educación de ese distrito.

«Respetar los derechos humanos es también respetar la Ley de Identidad de Género y los derechos lingüísticos de las personas en toda su dimensión», aseguraron y remarcaron que «prohibir los usos lingüísticos está lejos de garantizar la libertad».

Para los investigadores «cualquier regulación prohibitiva (de los derechos lingüísticos) vulnera derechos inalienables que tienen una larga historia de luchas y conquistas como antecedente».

«No existen las lenguas sin sus hablantes: no existe algo así como un sistema inmutable que pueda ser desacoplado de los usos lingüísticos y sus variaciones; no hay buenxs y malxs hablantes sencillamente porque no existe una gramática correcta establecida de antemano», explicaron.

Y destacaron que «el cambio y la variación en las lenguas es la regla, característica constitutiva de su naturaleza, no la excepción. Esos cambios siempre parten desde y se dan gracias a una comunidad de hablantes que los genera y sostiene».

Aseguraron que en su rol de «actores políticos» de la universidad pública repudian «cualquier forma de censura o prohibición» y promueven «a la reflexión, la discusión y la crítica de un sentido común dominante que impregna y naturaliza también las ideas que circulan sobre las lenguas y sus usos».

Además, señalaron que «no existe ninguna evidencia que establezca una relación entre el fracaso escolar o el bajo rendimiento en pruebas estandarizadas y el uso de lenguaje inclusivo de género».

«La variación generada por el uso de formas no binarias no resulta un obstáculo para el desarrollo de las habilidades de aprendizaje de lxs estudiantes», apuntaron.

Tras preguntarse qué se intenta prohibir cuando se tratan de regular los usos de la lengua, recordaron que «las peores instancias dictatoriales y autoritarias en la Argentina y el mundo se asocian con intentos de prohibición y censura de usos, variedades y formas lingüísticas».

La prohibición del lenguaje inclusivo en forma institucional en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se anunció anoche con la publicación de la circular 4/2022 del Ministerio de Educación.

A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) consideró la decisión oficial como «nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad».

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió a través de Twitter que «las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y diversidad».

Desde el gobierno nacional también el ministro de Educación, Jaime Perczyk, se expresó en la misma línea y sostuvo que «hay que mejorar» la educación pero eso «no se hace prohibiendo» el lenguaje inclusivo.

Por su parte, la representante especial en Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería, Alba Rueda, advirtió que la circular «arremete contra el principio de no discriminación, contra la ley de Identidad de Género y contra las identidades no binarias».

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«En las escuelas conviven, habitan, jóvenes LGTB donde no solamente asumen una identidad no binaria sino el uso del lenguaje inclusivo como la respuesta que respeta su identidad de género», destacó.

El director General de Cultura y Educación bonaerense, y ex ministro nacional de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que «la escuela debe enseñar la diversidad» y dijo que «atrás del lenguaje inclusivo está la conciencia que hay un otro que merece un lugar».

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A nivel legislativo, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Mara Brawer consideró que la prohibición oficial «reprime las nuevas identidades» y «deja afuera las expresiones que muchos y muchas adolescentes usan para nombrarse».

En tanto, el Frente de Izquierda (FIT) en la Legislatura porteña presentó dos proyectos para rechazar y dejar sin efecto la resolución del Gobierno de Rodríguez Larreta.

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