Confirmaron el procesamiento del fiscal general Fabián Fernández Garello
Se confirmó el procesamiento del fiscal general de Mar Del Plata, Fabián Fernández Garello, tras el rechazo de los pedidos de nulidad y apelaciones presentados por la defensa, por su participación en el secuestro y la tortura ejercida sobre tres militantes comunistas en 1981, cuando era agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). La decisión de la sala 1 de la Cámara Federal de San Martín dejó a Garello a un paso del juicio oral y público y la Comisión Provincial por la Memoria pidió que sea suspendido.
La imputación recae sobre Garello y otros seis ex agentes de inteligencia por su participación en crímenes de lesa humanidad ocurridos el 23 de julio de 1981 contra los militantes de Partido Comunista Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, en Caseros. Por aquel entonces, Garello se desempeñaba cómo oficial subinspector de DIPPBA y participó del operativo conjunto coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
La declaración testimonial de los sobrevivientes fue importante para hallar las coincidencias en las declaraciones como así también las pruebas del archivo de la DIPPBA, aportadas por la Comisión Provincial por la Memoria, cuando impulsó la causa penal. El procesamiento había sido dictado, meses antes, por la jueza federal de San Martín.
“El Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 convocó a personal ‘idóneo’ de la Delegación de Inteligencia III de San Martín y de la Brigada de Investigaciones III de San Martín para que, con personal militar, procediesen a la identificación de una persona con numerosa documentación comunista –Bulacios-. Situación esta que desembocaría en la privación ilegal de las tres víctimas, su reclusión ilegal en el CCD Brigada de Caseros y el sometimiento a torturas físicas y psicológicas en el marco de los ‘interrogatorios´”, entendió la sala 1 y, según los documentos de la DIPPBA, constató que así fue la reunión donde se gestó el secuestro y la turtura de los tres militantes.
En su resolución, los jueces de la Cámara Federal de San Martín sostuvieron que “desde el mismo momento de sus detenciones, las técnicas y condiciones a que fueron sometidos en el traslado y en el centro clandestino de detención ubicado en la Brigada de Caseros, configuran un cuadro de padecimiento que se subsume en el concepto jurídico de tormento”.
La defensa planteó una estrategia que se basó en la «legalidad» de las detenciones de las víctimas, por parte de los imputados. Esto fue rechazado por los jueces de la Cámara. La consideración de los jueces, que retomó las sentencias del juicio a las juntas, fue que, previo al golpe de Estado del gobierno constitucional, existía una estructura ilegal para «luchar contra la subversión». Además, expresó que se «desplegaron mecanismos clandestinos de secuestro, reclusión ilegal y interrogatorios bajo torturas”. Bajo esas órdenes actuó el grupo de tareas liderado por Garello el 23 de julio de 1981.
Además del actual fiscal, están imputados los ex agentes de la DIPPBA Hugo Tresguerras y Daniel Ríos; los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el militar Jorge Apa, quien también es juzgado el juicio en proceso por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante La Contraofensiva de Montoneros.
Sin embargo, el trámite para la destitución del fiscal continúa estancado luego de una sesión que no se pudo llevar a cabo por falta de quórum en el Tribunal de Enjuiciamiento. En septiembre del año pasado, tras el llamado a audiencia para tratar el jury, tampoco contó el número necesario para sesionar ante la ausencia de los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador. El fiscal general bonaerense, Julio Cote Grand, había presentado un dictámen para deslindar a Fernández garello de las acusaciones.
Mucho antes, en noviembre de 2017, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió archivar el primer pedido de jury sin ni siquiera abrir una investigación.
