Milei reabre debate sobre dictadura y Fuerzas Armadas

Como insinuó durante la campaña presidencial del año pasado, Javier Milei ha reabierto el debate sobre la brutal dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y el papel de las Fuerzas Armadas.

Lo ha hecho cuestionando las estimaciones de los grupos de derechos humanos sobre el número de desaparecidos y proponiendo que los militares ayuden en las operaciones de seguridad interna del país.

En un acto de recordación el martes con veteranos de la guerra de Malvinas, el líder ultraderechista afirmó que las Fuerzas Armadas habían sido “acosadas y humilladas” por políticos desde el regreso de la democracia. Prometió limpiar el nombre del ejército.

Controversia

El 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado que llevó al poder a la dictadura, el gobierno de Milei difundió un vídeo cuestionando la cifra de 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura, estimación consensuada por varias organizaciones de derechos humanos. Es imposible establecer la cifra real, dado el número de desaparecidos de aquellos días oscuros.

El mes pasado, el Presidente anunció su intención de modificar la legislación para permitir que los militares intervengan en operaciones de seguridad interna.

La medida tiene como objetivo combatir el crecimiento del “narcoterrorismo” que está azotando a Rosario, una ciudad que ha sido escenario de violencia sorprendente por parte de bandas criminales de narcotraficantes.

Desde 1991, a las Fuerzas Armadas de Argentina sólo se les ha permitido proporcionar equipos y apoyo técnico a la policía y otras fuerzas de seguridad, sin intervenir directamente en las operaciones internas.

La idea de que los militares estén a cargo de las cuestiones de seguridad interna trae a muchos recuerdos dolorosos del pasado. Llega en un momento en que el gobierno de Milei está reabriendo las heridas de lo ocurrido en la década de 1970, una época marcada por miles de desapariciones, exiliados y ejecuciones en cientos de centros clandestinos de detención en todo el país.

Incluso algunos militares se sienten incómodos con la idea de operaciones internas. Grandes sectores de la sociedad, tanto de izquierda como de derecha, rechazan la idea.

Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel, una feroz defensora de los militares cuyo padre sirvió en el ejército, ha expresado su preocupación. “El papel de las Fuerzas Armadas no es combatir a los civiles”, afirmó en televisión.

Villarruel es un abierto defensor de las Fuerzas Armadas y ha tratado de equiparar el terrorismo de Estado de la época con el terrorismo de las guerrillas de izquierda.

“En los años 70 se combatía el terrorismo”, afirmó en la misma entrevista. “¿Y dónde están los que los combatieron? En la cárcel.»

'Cura sus propias heridas'

Al defender el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el llamado “narcoterrorismo”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que “el país tiene que ser capaz de curar sus propias heridas y mirar hacia el futuro”.

“Las Fuerzas Armadas hoy son una parte integral de nuestra democracia”, argumenta.

A algunos expertos les preocupa la proporcionalidad, ya que muchos de los crímenes violentos cometidos en Rosario son perpetrados por pandillas que no tienen un gran perfil nacional.

“Hay que preguntarse si el nivel de narcoviolencia en Rosario justifica el uso de las fuerzas armadas. Estamos hablando de narcotraficantes aquí en chanclas”, comentó sarcásticamente Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública y abordajes del narcomenudeo y el narcotráfico.

Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, fue aún más categórico: “Si las Fuerzas Armadas intervienen en los conflictos de seguridad y fracasan, estos dispositivos criminales definitivamente perderán el respeto al Estado… por eso la respuesta tiene que ser gradual y con la fuerzas de seguridad.»

El reposicionamiento de las Fuerzas Armadas ante las feroces críticas públicas incluye la revisión de su actuación durante la dictadura y el número de víctimas que asesinó.

Organizaciones de derechos humanos y gran parte del espectro político, desde el centroderecha hasta la extrema izquierda, afirman que fueron 30.000, pero otros sectores hasta hace poco marginales afirman que la cifra real ronda los 8.000.

Milei afirma que la dictadura dejó 8.753 desaparecidos, cifra mucho más cercana a los 8.961 que registra el informe publicado por la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas de la CONADEP en 1984. La organización también aclaró que se trataba de “una cifra abierta”, que incluso fue ligeramente modificada en 2015.

Documentos desclasificados por el gobierno de EE. UU., publicados en 2016, indicaron que a fines de la década de 1970, los oficiales militares admitían que al menos 22.000 habían muerto hasta ese momento.

“No es una discusión nueva, esto ha sucedido en otros períodos políticos; no para conocer la verdad sino para acusar a las víctimas de un déficit de información, que en todo caso es responsabilidad del Estado y es parte de la victimización”, explicó Marcela Perelman, directora del equipo de investigación de derechos humanos del CELS. grupo.

En el breve documental difundido por el gobierno de Milei el 24 de marzo, en el 48 aniversario del golpe, la administración negó rotundamente que la cifra de 30.000 fuera cierta y pidió que se conozca la “historia completa” de la “memoria completa”.

El mismo día, decenas de miles de personas marcharon por todo el país con carteles que indicaban la cifra de 30.000. Fue una de las mayores manifestaciones en conmemoración del golpe de los últimos años, lo que puso de relieve el alcance de la oposición a la medida del Presidente.

– TIEMPOS/AFP