Casitas de Lamas: La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió un freno a los desalojos

Mediante una resolución por su titular, Guido Lorenzzino Matta, la Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que instruya a los órganos del Poder Judicial de la provincia para que se abstengan de tomar medidas cómo ejecuciones hipotecarias y/o desalojos, en casos masivos o individuales. El pedido surge tras el intento de relevamiento en el barrio de las casitas de Lamas, ordenado en plena pandemia por el fiscal Daniel Moccia de la UFI N° 23 de Malvinas Argentinas.

«A la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin que instruya a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tanto del fuero civil y comercial, como del fuero penal, a abstenerse de dictar medidas que conduzcan a ejecuciones hipotecarias y al desalojo de inmuebles, ya sea que involucren a grupos masivos de personas o se trate de casos individuales, por el plazo que dure el estado de emergencia sanitaria declarado por la Provincia», indica el documento emitido ayer por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución del organismo provincial surge en respuesta al intento de relevamiento ordenado por el fiscal titular de la UFI N° 23 de Malvinas Argentinas. El procedimiento se hizo casa por casa para individualizar los casos de un barrio de casas tomadas, a medio terminar, y judicializar a los ocupantes, en medio de la pandemia.

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El responsable de la seccional de la Defensoría del Pueblo de Malvinas Argentinas, Horacio Quiróz, se hizo presente en el barrio para acompañar el pedido de freno al procedimiento, que encabezaron organizaciones sociales. Por parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Rodrigo Barrios visibilizó en todo momento la situación de tensión que se vivió en el barrio ante la llegada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

«La justicia, una vez, más puso de manifiesto el desinterés por el vecino porque, aun pensando que esto no tuvo armadores o lobistas, tomar una medida así es ver a las personas como números de causas en expedientes que tienen sobre sus cómodas oficinas sin pensar en el riesgo sanitario de las medidas que dictan. De más está decir que la causa por la cual se instruyó esta actuación no es reciente y justamente por eso es aún más incomprensible la decisión de realizar la misma en plena cuarentena», escribió Barrios.

Por su parte, Quiróz señaló: «Nos pudimos comunicar con el fiscal para que frene el procedimiento ya que se estaban violando distintos artículos del decreto emitido por el presidente Alberto Fernández, que tienen que ver con el aislamiento social. La gente tiene voluntad de colaborar, pero no en estas condiciones». Además, expresó: «Esto fue un censo disfrazado, no un censo. El fiscal quiso identificar a cada persona de este lugar en este contexto y tiene que revisar la medida porque está equivocado».